Por Rogelio Ríos Herrán
Entre tantas noticias duras con las que empieza el año nuevo 2024, una que llamó mi atención fue la publicación del reporte que legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos dieron a conocer el 4 de enero, sobre los al menos 7.8 millones de dólares que las empresas de Donald Trump recibieron de gobiernos extranjeros cuando fungió como presidente de los Estados Unidos.
El reporte se titula “White House For Sale: How Princes, Prime Ministers and Premiers Paid Off President Trump” (“La Casa Blanca en venta: Cómo Príncipes, Primeros Ministros y Premiers enriquecieron al Presidente Trump”, publicado por el grupo demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes).
Los países involucrados son China, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, India, Turquía, República Democrática del Congo, Malasia, entre otros. Solamente en el caso de China, la investigación legislativa detectó pagos por al menos 5.5 millones de dólares a las empresas de Trump.
No por nada, Trump expresó en 2018 lo siguiente: “¡Yo amo a China! El banco más grande del mundo es de China. ¿Saben en donde se localizan sus oficinas centrales en Estados Unidos? En este edificio, en la Torre Trump (Nueva York).”
Más que un posible conflicto de interés por error o descuido, al Sr. Trump se le acusa de violar deliberada y conscientemente la Constitución norteamericana que impide expresamente a los presidentes recibir dinero en efectivo o regalos de mandatarios y corporaciones extranjeras sin el consentimiento del Congreso.
La línea roja que cruzó Trump fue, en primer término, no deslindarse formalmente como accionista y propietario de sus empresas, por lo cual cuando los diplomáticos y funcionarios sauditas o chinos se hospedaban en el Trump International Hotel en Washington, por ejemplo, lo beneficiaban directamente a él y su familia.
En segundo término, los congresistas demócratas lo acusan de haber tomado decisiones de gobierno a cambio de las ganancias recibidas en sus empresas, violando el mandato constitucional de colocar el interés público de Estados Unidos por encima de intereses privados.
Los países mencionados “gastaron, a menudo generosamente, en departamentos y estadías en hoteles en las propiedades de Donald Trump, enriqueciendo personalmente al ex presidente Trump mientras tomaba decisiones de política exterior conectadas con sus agendas políticas con ramificaciones de largo alcance para Estados Unidos”, asienta el informe.
Los al menos 7.8 millones de dólares recibidos del extranjero, mediante ganancias a sus negocios por Trump, son apenas una parte de lo que se sospecha es una cantidad mayor.
Al cambiar la mayoría del Congreso al control republicano en 2023, la investigación fue suspendida abruptamente por James Comer, nuevo presidente republicano del Comité de Supervisión, quien en su lugar abrió una investigación en contra del presidente Joseph Biden y su hijo Hunter.
Más 500 empresas relacionadas que operan en 25 países conforman el emporio empresarial de Donald Trump y sus hijos. Es tal la ceguera de sus seguidores y legisladores republicanos que no quisieron ver el notorio conflicto de interés y las actitudes anticonstitucionales e ilícitas de un presidente al que sólo le faltó colocarse la etiqueta de “Trump for Sale” en la frente (“el más grande infomercial de la historia política”, dijo de sí mismo en una ocasión).
Desde México, la lectura del reporte de los congresistas demócratas y las adversidades que enfrentaron para obtener la información financiera de manos de Trump mediante litigios en las cortes, me anima a pensar que su esfuerzo nos marca el camino a seguir: luchar a toda costa por el acceso a la información pública y la rendición de cuentas de los gobernantes.
El “Rey del Cash” Andrés Manuel no le pide nada a “Trump For Sale”, al contrario, son las caras de una misma moneda: las de la simulación y el fraude a la ley para obtener ventajas y ganancias monetarias personales y familiares, siempre en nombre de una causa política que sirve de pantalla: MAGA (“Make America Great Again”) en el caso de Trump; “Cuarta Transformación” en el de Andrés Manuel López Obrador.
Tanto la Constitución estadounidense como la mexicana coinciden en un mandato: poner el interés superior del Estado por encima de los intereses personales. Los resultados de las violaciones a ese principio fundamental están a la vista en Estados Unidos y México.
La lucha ciudadana es, por tanto, un esfuerzo cívico por hacer cumplir la Constitución, a la cual Donald y Andrés Manuel traicionaron a pesar de sus juramentos.
Referencias:
Nota del New York Times: “Trump received millions from foreign
“White House For Sale...”, texto completo del documento del Congreso de Estados Unidos:
“Recibió Trump 7.8 mdd de gobiernos extranjeros en su mandato”, EL NORTE, 04/01/2024.
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