Por Rogelio Ríos Herrán
Debo confesar que, a tres años del evento conocido como Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, durante el cual una multitud azuzada por el presidente Trump desde la Casa Blanca bloqueó por unas horas la certificación del triunfo electoral del demócrata Joseph Biden, no acabo de salir de mi asombro.
¿Cómo fue que en el país con la democracia madura por excelencia, cuya Constitución fue como un faro para guiar a varios países de América Latina en la redacción de sus propios estatutos fundacionales, una turba violenta la atacara en uno de sus símbolos más caros: el Congreso de los Estados Unidos?
Por consecuencia, ¿qué advertencias podemos entrever los mexicanos de ese evento en vista del ataque a la Constitución y a los mecanismos democráticos que Andrés Manuel López Obrador, emulando a Trump, realiza para la destrucción de la constitucionalidad mexicana?
Aunque lentamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tratado de desenmarañar las múltiples facetas del Asalto al Capitolio (que van desde grupos perfectamente organizados como Proud Boys hasta gente de la calle que se unió a la turba ese día), y ha obtenido algunos resultados, si bien el Premio Mayor (Donald Trump) es el que falta de echar a la red.
Hasta diciembre del 2023, un conteo del periódico The New York Times nos dice lo siguiente:
Han sido arrestadas 1,240 personas por diversos cargos: desde allanamiento (delito menor) hasta conspiración y sedición (delitos graves).
Restan 350 casos pendientes de presentar los cargos en su contra.
Aproximadamente 170 personas han sido sometidas a juicio.
710 personas aceptaron declararse culpables sin someterse a juicio, 210 de ellas por delitos graves.
Hay aproximadamente 720 personas sentenciadas (con o sin juicio), de las cuales 450 de ellas recibieron sentencias de cárcel que van desde unos cuantos días hasta más de 20 años: Enrique Tarrio, líder del grupo extremista Proud Boys, recibió 22 años de cárcel de sentencia.
Los 1,240 arrestos realizados podrían ser solamente la mitad las acusaciones totales.
Dentro de las 91 causas judiciales abiertas en su contra (sí, ¡son 91!), la de sedición por el Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 es la que mejor revela la vena autoritaria y antidemocrática de Donald Trump.
Abiertamente, Trump acusa al Departamento de Justicia y al presidente Biden de “judicializar” (disfrazar la persecución política como actos legales) el aparato de gobierno en su contra y de sus seguidores, y no duda de calificar a Biden como una “amenaza a la democracia”.
La defensa de Trump es retórica y estridente, sin presentar evidencias, la hace en sus actos de precampaña y tiene mucho impacto entre sus votantes duros, pero no tanto entre los votantes republicanos moderados y los independientes.
No creo que Trump escape en los tribunales, al final, a los cargos graves de conspiración y sedición, de los cuales hay abundantes evidencias y testimonios.
El problema para la estabilidad política de Estados Unidos sería su negativa a aceptar el veredicto y desestimarlo como “cacería de brujas”. Al hacerlo, el evento de Asalto al Capitolio de 2021 se repetiría en muchos asaltos violentos similares a todas las instituciones norteamericanas, hasta obstruirlas por completo.
Desde México, las advertencias que leemos al observar lo que sucede con Trump y la elección general en Estados en noviembre del 2024 son cristalinas: Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena no van a reconocer otro resultado que su triunfo en la elección general mexicana de junio próximo.
Para lograr ese fin, López Obrador ha intentado durante su sexenio destruir sistemáticamente a instituciones y organismos autónomos nacionales en nombre de su “Cuarta Transformación” que implica la erosión de la democracia liberal y su reemplazo por un modelo híbrido de populismo y presidencialismo sin contrapesos.
Que López Obrador logre o no su propósito, eso está por verse. El problema en México, como en Estados Unidos, es que está en riesgo la transmisión pacífica del poder porque los actuales gobernantes no conciben la posibilidad de la alternancia política ni cederán fácilmente ante una derrota electoral.
A diferencia de las personas arrestadas y sentenciadas por su participación en el Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en México no hay nadie en el gobierno investigado ni procesado por violar la Constitución y las leyes electorales con el fin de torcer la democracia hacia sus intereses personales y de grupo.
Si en Estados Unidos el Premio Mayor para la justicia es Trump, en México lo es López Obrador: cuanto antes sea llamado a rendir cuentas de sus actos ante la justicia, mejor protegida estará la frágil democracia (como la llama José Woldenberg) mexicana.
Rogelio.rios60@gmail.com
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