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Por Rogelio Ríos Herrán
La cercanía de la
jornada electoral en México, en donde el próximo 5 de junio se definirán 12
gubernaturas, y la precampaña electoral de demócratas y republicanos en Estados
Unidos para definir a los candidatos que contenderán en noviembre por la
Presidencia estadounidense, nos pinta nada menos que como un país de
elecciones.
No bien termina un
ciclo electoral cuando se viene otro encima para renovar a gobernadores,
alcaldes o legisladores.
Las maquinarias
electorales no descansan jamás en México. Si a ello sumamos las campañas
presidenciales o legislativas estadounidenses que nos interesan a los mexicanos,
entonces el panorama se completa: los ciudadanos vivimos para votar, ésa es la
razón de ser en nuestra democracia, según los políticos y las autoridades
electorales que administran miles de millones de pesos de presupuesto para
organizar las elecciones.
Que los mexicanos
seamos principalmente votantes en nuestro sistema político y que difícilmente
traspasamos el umbral hacia una ciudadanía plenamente activa y participativa en
la formulación de las políticas públicas y en las decisiones de gobierno es una
realidad apabullante y desmotivadora.
Nos quieren en las
urnas y ya. “Votas y te vas”, diríamos parafraseando a Vicente Fox, situación
que por lo demás se da, aunque en niveles diferentes, en democracias maduras
como la de Estados Unidos o las europeas: más allá del voto el día de las elecciones,
pocos son los que se involucran, como ciudadanos, en la política de manera
activa, casi todos vuelven a la rutina ordinaria de sus días, al trabajo y a la
familia.
Al acudir a votar
ejercemos un derecho fundamental como ciudadanos, pero a la vez los votos
depositados en la urna dan vida e impulso al aparato electoral y a los
presupuestos multimillonarios que manejan y que año con año, lejos de disminuir,
se renuevan e incrementan con cada nuevo ciclo electoral.
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En México y en Estados
Unidos, aspirar a puestos electorales importantes requiere de quien lo haga que
asegure un soporte financiero sustancial del orden de los miles de millones de
pesos o de dólares, para ser competitivo en la arena electoral, un candidato
“pobre” no tiene posibilidad alguna.
Por estas razones me
entusiasman las jornadas electorales, pero no dejo de tener en cuenta en algún
rincón de mi conciencia que, a la vez que ejerzo mi derecho ciudadano, sirvo de
justificación a la danza de los millones que desatan y administran candidatos y
autoridades electorales en un gasto efímero y vano que seguramente sería más
útil y provechoso si aplicara a solucionar los problemas de quienes viven en la
pobreza o son vulnerables en la sociedad.
Son los costos de
tener una democracia, es verdad, siempre se paga un precio. Y pagamos con ello
nuestra pasividad como ciudadanos, de nuestra apatía típicamente mexicana de no
dar un paso más allá de las urnas, de limitarnos a hacer lo que le conviene más
al sistema político en su conjunto: tener ciudadanos así de pasivos y auto limitados.
Mi generalización es
injusta, lo reconozco, en vista del crecimiento reciente del activismo ciudadano, de
organizaciones no gubernamentales y personajes que al levantar la voz y con su
liderazgo nos inspiran y motivan a sacudir la modorra cívica.
Pero, en términos
cuantitativos, siguen siendo una parte minoritaria de la sociedad frente a la
gran masa que persiste en sus hábitos tradicionales de escasa o nula participación
cívica.
Pongamos un grano de
sal a nuestro entusiasmo electoral por los candidatos en México o en Estados
Unidos: si no avanzamos más allá del voto, sólo les estamos entregando un poder
desmedido y sin contrapesos para que hagan lo que quieran con él.
No es una fatalidad que
no se pueda revertir, sin embargo, para encauzar los ciudadanos al sistema
político hacia donde nos sea verdaderamente útil, no hacia donde los políticos
quieran, es decir, hacia su propia con conveniencia desapegada de los
intereses, anhelos, temores y deseos de la sociedad.
Podemos empezar a
hacerlo este próximo 5 de junio.
rogelio.rios60@gmail.com
