De haberse procedido con verdadera cabeza fría y anteponiendo el interés nacional a cualquier otra consideración, el gobierno de México habría dado un gran paso adelante en la lucha contra el narcotráfico.
Por Rogelio Ríos Herrán
Ahora que la relación bilateral de México-Estados Unidos alcanzó un nivel tan bajo que no sólo llegó al fondo del mar, sino que da rebotes en él, yo no dejo de preguntar ¿cuándo perdieron la cabeza los políticos morenistas?
La carta enviada por López Obrador, escrita con su acostumbrado estilo peleado con la sintaxis, puso en evidencia que las posturas de Claudia Sheinbaum ante Washington son, en realidad, las de él mismo.
No se necesita leer a Thomas Hobbes y su Leviatán para darse cuenta de que quien atenta en contra de su supervivencia política está condenado a no sobrevivir.
Entre cartas desde Palenque y discursos presidenciales ultranacionalistas como el del 31 de mayo denunciando, de nueva cuenta, conspiraciones internacionales dirigidas desde EU, yo no me distraigo.
El fondo del asunto es claro como el agua limpia.
La acusación del Tribunal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York del 23 de abril sigue en pie.
El juicio a los diez acusados del gobierno estatal y municipal de Sinaloa ya inició con la comparecencia reciente ante una jueza del general Gerardo Mérida.
Desgarrarse las ropas en discursos incendiarios o en cartas flamígeras es inútil.
No se ha honrado desde México el tratado de extradición vigente con Estados Unidos.
El documento del Tribunal estadounidense establece con claridad los términos de las acusaciones.
Citaré textualmente como ejemplo las referencias a las complicidades criminales y la corrupción de los funcionarios mexicanos. No tienen vuelta de hoja.
“Para proteger y facilitar sus operaciones de drogas y garantizar la lealtad al cartel y su protección, el cartel cuenta y dirige no solo a cientos de sicarios violentos y fuertemente armados, sino también a decenas de funcionarios públicos corruptos que reciben mensualmente sobornos del cartel.”
“El aparato de seguridad formado por los sicarios, junto con las relaciones del cartel con funcionarios gubernamentales corruptos, protege las operaciones del cartel y a sus líderes, territorio, laboratorios, rutas de tráfico y dinero.”
“La corrupción desenfrenada es esencial para las operaciones del cartel. Los mayores narcotraficantes del mundo dependen de funcionarios públicos corruptos para mantener y hacer crecer sus redes de distribución de drogas.”
“Esta corrupción ha infectado a países de toda Sudamérica y Centroamérica, incluyendo Colombia, Venezuela, Honduras y Guatemala, donde determinados políticos de las más altas esferas han recibido auténticas fortunas de los narcotraficantes que causan dolor y destrucción en sus países.”
“En Sinaloa, y en otras partes de México, esta misma corrupción impregna todos los niveles del gobierno local, estatal y federal y permite que el cartel y sus operaciones de tráfico de drogas funcionen y prosperen.”
En otra parte del documento de la acusación del Tribunal Sur, se explica ampliamente la red de “asociación delictuosa” que los acusados y otras personas tejieron con los jefes y miembros del Cartel de Sinaloa, de una manera que no deja dudas.
“Se unieron en una asociación delictuosa”, dice el documento, “conspiraron, se aliaron y acordaron, a sabiendas e intencionalmente, entre sí y con los demás, para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos.”
Ante una acusación de ese tamaño en contra de gobernantes y militares mexicanos, la mínima prudencia política dictaría que es un asunto de interés nacional de máxima prioridad para la presidencia de la república.
Las detenciones de los señalados desde Estados Unidos por cargos gravísimos se habrían hecho desde el momento de la solicitud de detención con fines de extradición para llegar al fondo del asunto.
De haberse procedido con verdadera cabeza fría y anteponiendo el interés nacional a cualquier otra consideración, el gobierno de México habría dado un gran paso adelante en la lucha contra el narcotráfico.
De ese tamaño es la oportunidad perdida por Claudia Sheinbaum para marcar la raya de su gobierno nacional en contra del crimen organizado, una “asociación delictuosa” que desafía al Estado mexicano y a ella misma y los somete en algunas regiones del país.
Lo demás, cartitas de expresidentes y discursos ultranacionalistas, es lo de menos.
¿A dónde se fue el buen juicio de los gobernantes mexicanos?
¿Alguna vez lo tuvieron?