Por Rogelio Ríos Herrán
Hizo bien Manuel Bartlett, el político poblano de
larga trayectoria en la política mexicana, en llevar un perfil bajo a raíz de
la polémica suscitada alrededor de su postulación como futuro director de la
Comisión Federal de Electricidad una vez instalado en diciembre el nuevo
gobierno morenista.
No hubiera sido conveniente para el Presidente electo
que Bartlett enfrentara con una polémica a sus críticos y adversarios, por más
que él seguramente lo hubiera querido. Conocedor de los momentos políticos,
seguramente intuyó que no había ocasión para otro pleito público más.
Por eso me quedé con la curiosidad de saber cuál es realmente
su postura ante la reforma energética del Gobierno de Peña Nieto, pero sobre
todo cuál es su pensamiento respecto a qué senda debe seguir México ante el
panorama energético a partir del Gobierno del cual formará parte: ¿seguir
transitando por la ruta tradicional de los combustibles fósiles o dar el giro
drástico a las energías alternativas? ¿Seguir la ruta privatizadora o volver a
la nacionalista? ¿Abrir o cerrar a México en términos de energía?
No la postura de Morena, del PT o de cualquier organización
política a la que Bartlett esté asociado. Me refiero a qué piensa él, con base
en su larga experiencia, sobre el camino correcto que nos lleve al desarrollo económico
con base en nuestros recursos energéticos.
En el año 2013 se imprimió el estudio “Estrategia
Urgente en Defensa de la Nación. Política Energética para que México sea
Potencia Económica en el Siglo 21”, patrocinado por el Partido del Trabajo y
presentado por Manuel Bartlett en su carácter de Senador de la República por el
PT.
Un grupo de especialistas independientes elaboró una propuesta integral para el desarrollo energético de México
sobre la base del nacionalismo económico y la rectoría del Estado.
Lo hizo a partir del análisis riguroso y la crítica a
las reformas energéticas del 2008 y 2012, en las cuales se perfiló la
apertura de la explotación de petróleo a nuevas modalidades de asociación de
Pemex con capitales privados nacionales y extranjeros.
Los investigadores, egresados de la UNAM y el IPN y
con estudios de postgrado, señalan la necesidad inminente de revertir lo
planteado en las reformas energéticas, frenar lo que llaman la privatización
del recurso natural más valioso de México y no perder la única llave que
tenemos para un desarrollo benéfico de todos los mexicanos, no de a una élite
político-económica.
Con rigor y firme convicción, ellos explican en el
libro, refiriéndose a la inminente aprobación de la reforma energética del
2012, que la reforma “profundizará irreversiblemente el saqueo de esta riqueza
nacional e impedirá de manera definitiva el crecimiento y el desarrollo
económico de la nación… La evidencia de treinta años de una economía política
que favorece los procesos globales de acumulación demuestra que esta propuesta…
conducirá a una condición de involución económica y social irreversible y de
incalculables consecuencias.”
Bartlett, por su parte, dice en la presentación del
libro que “la política energética no se define por sí misma, sino como una
dimensión necesaria para la realización de los objetivos nacionales. Esta
posición excluye, como punto de partida, definir una política energética de
México para realizar los objetivos de otras naciones”.
Agrega el político poblano que “México debe ser una
potencia económica tecnológica-industrial por nuestros propios medios, no una
colonia económica de las corporaciones globales y de los países donde pagan impuestos,
desarrollan tecnologías y acumulan utilidades”.
En el cuerpo de la obra y derivada del análisis
exhaustivo que hacen los investigadores independientes, se proponen, entre
otros, los siguientes objetivos de una política energética de Estado:
-
Fortalecer a los organismos públicos
sustentados en la Constitución y administración de la renta petrolera por una
entidad específica y distinta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
bajo el mandato de una “Ley de Administración de la Renta de los Bienes del Subsuelo,
propiedad de la nación”.
-
Disponer de la renta petrolera como
patrimonio estratégico y destinar el 80 por ciento de ésta para inversión y el
20 por ciento para reducir desigualdades sociales.
-
Liberar a Pemex y la CFE de las deudas
impuestas por la SHCP.
-
Suprimir en un plazo inminente la
exportación de crudo y la importación de refinados y petroquímica.
-
Apoyar la reindustrialización acelerada de
México (12 por ciento anual) mediante políticas de fomento industrial.
-
Establecer el marco jurídico e
institucional correspondiente a los intereses nacionales y derogar las leyes anticonstitucionales
aprobadas en la reforma energética de 2008.
La coincidencia de Bartlett, los investigadores y el
PT como plataforma que sustenta al estudio, su postura nacionalista y
antiprivatizadora, me llevan a prever que hay desde ahora (y se reflejará
ampliamente en el debate público a partir del 1 de diciembre) varias posturas
en torno a la formulación de una política energética para México.
No se trata solamente de decir, como lo hizo el
Presidente electo López Obrador, que la reforma energética es “un fracaso”. No
lo es, en verdad, cuando existe un centenar de contratos ya firmados al amparo
de ella y que establecen compromisos legales para Pemex y el Gobierno mexicano
frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Entonces, ¿qué
hacer?
Se puede tejer más fino. No coincido con algunas cosas
que plantean los investigadores independientes, pero sí lo hago en su llamado urgente
e intelectualmente honesto para no caer jamás en una “condición de involución
económica y social irreversible” en México si no administramos bien nuestro
petróleo.
A partir de ahí, hay que considerar qué tan
conveniente es revertir por completo una reforma energética que por lo menos
establece una ruta para atraer capital privado a México, considerando que
nuestro país no tendría los recursos suficientes para, por ejemplo, la exploración
en aguas profundas o la recuperación del gas natural.
En segundo término, considerar qué tan viable es una
postura nacionalista a fondo, con cierre de capitales privados, disminución o cancelación
de exportaciones de crudo, etcétera, en un mercado petrolero internacional que
obedece a reglas peculiares y cuyos actores no se reducen a estados-nación,
sino que incluyen a corporativos e individuos poderosos.
México no es miembro
de la OPEP, pero participa en ella como observador y sería trágico que por la sobreproducción
petrolera o cancelación de sus exportaciones alterara negativamente los precios
internacionales del hidrocarburo. La convivencia armónica con los demás
productores petroleros es obligada y conveniente.
Tercero, entre los privatizadores y los nacionalistas
hay un espectro muy variado de posturas, no todas son blanco y negro: ni
ultraprivatizadores ni ultranacionalistas, sino proponentes de toda clase de
matices: qué tanto capital privado, qué tanto capital extranjero, quitar los
candados a Pemex, manejar por separado la renta petrolera, etcétera.
Va a ser de los más interesante examinar, a partir del
1 de diciembre, qué hará Bartlett en la CFE y cómo influirá su pensamiento y el
de la “Estrategia Urgente en Defensa de la Nación” en el círculo interno de
Andrés Manuel López Obrador y en el equipo designado para la Secretaría de
Energía. Además, cómo se debatirán estas cuestiones en el Congreso y el Senado
y de qué manera intervendrán en el debate los empresarios, académicos, sociedad
civil, etcétera.
Podemos decir muchas cosas de Bartlett, pero no que desconoce
y no domina su oficio político, al contrario. Lo que diga y haga, lo que
comente con el Presidente y su relación con el gabinete nos darán una clave de
qué tipo de política energética aplicará el nuevo Gobierno entre 2018 y 2024:
seguir en la ruta de las reformas, recular a una postura nacionalista o
encontrar un híbrido entre privatización y nacionalismo.
A este viejo león le quedan muchos rugidos: “Una
política energética nacionalista es determinante para la existencia de México
como nación independiente en el siglo XXI. La energía no es sólo actividad
económica, ni se debe reducir su problemática a conceptos falaces de eficiencia
empresarial o corporativa. Cabe reiterar que en la política energética está de
por medio la existencia de México como nación independiente”.
Los investigadores independientes que intervinieron en
el estudio son:
Alberto
Montoya Martín del Campo: Doctor (Ph. D.) por la Escuela de
Educación de la Universidad de Stanford con especialidad en políticas de Estado
sobre la Revolución Tecnológica.
Rosío
Vargas Suárez: Doctora en Ingeniería Energética por la
Facultad de Ingeniería de la UNAM con Maestría en Economía Internacional por el
CIDE.
Heberto
Barrios Castillo: Ingeniero Mecánico por la ESIME, IPN,
con estudios de Maestría en Administración Pública.
Francisco
Garaicochea Petrirena: Ingeniero petrolero por la Facultad de Ingeniería,
UNAM, en donde ha sido académico por 40 años. Medalla de la Legón de Honor de
la Society of Petroleum Engineers (SPE).
