Manuel Bartlett: ¿nacionalista o privatizador?



Por Rogelio Ríos Herrán

Hizo bien Manuel Bartlett, el político poblano de larga trayectoria en la política mexicana, en llevar un perfil bajo a raíz de la polémica suscitada alrededor de su postulación como futuro director de la Comisión Federal de Electricidad una vez instalado en diciembre el nuevo gobierno morenista.

No hubiera sido conveniente para el Presidente electo que Bartlett enfrentara con una polémica a sus críticos y adversarios, por más que él seguramente lo hubiera querido. Conocedor de los momentos políticos, seguramente intuyó que no había ocasión para otro pleito público más.

Por eso me quedé con la curiosidad de saber cuál es realmente su postura ante la reforma energética del Gobierno de Peña Nieto, pero sobre todo cuál es su pensamiento respecto a qué senda debe seguir México ante el panorama energético a partir del Gobierno del cual formará parte: ¿seguir transitando por la ruta tradicional de los combustibles fósiles o dar el giro drástico a las energías alternativas? ¿Seguir la ruta privatizadora o volver a la nacionalista? ¿Abrir o cerrar a México en términos de energía?

No la postura de Morena, del PT o de cualquier organización política a la que Bartlett esté asociado. Me refiero a qué piensa él, con base en su larga experiencia, sobre el camino correcto que nos lleve al desarrollo económico con base en nuestros recursos energéticos.

En el año 2013 se imprimió el estudio “Estrategia Urgente en Defensa de la Nación. Política Energética para que México sea Potencia Económica en el Siglo 21”, patrocinado por el Partido del Trabajo y presentado por Manuel Bartlett en su carácter de Senador de la República por el PT.

Un grupo de especialistas independientes elaboró una propuesta integral para el desarrollo energético de México sobre la base del nacionalismo económico y la rectoría del Estado.

Lo hizo a partir del análisis riguroso y la crítica a las reformas energéticas del 2008 y 2012, en las cuales se perfiló la apertura de la explotación de petróleo a nuevas modalidades de asociación de Pemex con capitales privados nacionales y extranjeros.

Los investigadores, egresados de la UNAM y el IPN y con estudios de postgrado, señalan la necesidad inminente de revertir lo planteado en las reformas energéticas, frenar lo que llaman la privatización del recurso natural más valioso de México y no perder la única llave que tenemos para un desarrollo benéfico de todos los mexicanos, no de a una élite político-económica.

Con rigor y firme convicción, ellos explican en el libro, refiriéndose a la inminente aprobación de la reforma energética del 2012, que la reforma “profundizará irreversiblemente el saqueo de esta riqueza nacional e impedirá de manera definitiva el crecimiento y el desarrollo económico de la nación… La evidencia de treinta años de una economía política que favorece los procesos globales de acumulación demuestra que esta propuesta… conducirá a una condición de involución económica y social irreversible y de incalculables consecuencias.”

Bartlett, por su parte, dice en la presentación del libro que “la política energética no se define por sí misma, sino como una dimensión necesaria para la realización de los objetivos nacionales. Esta posición excluye, como punto de partida, definir una política energética de México para realizar los objetivos de otras naciones”.

Agrega el político poblano que “México debe ser una potencia económica tecnológica-industrial por nuestros propios medios, no una colonia económica de las corporaciones globales y de los países donde pagan impuestos, desarrollan tecnologías y acumulan utilidades”.

En el cuerpo de la obra y derivada del análisis exhaustivo que hacen los investigadores independientes, se proponen, entre otros, los siguientes objetivos de una política energética de Estado:

-         Fortalecer a los organismos públicos sustentados en la Constitución y administración de la renta petrolera por una entidad específica y distinta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el mandato de una “Ley de Administración de la Renta de los Bienes del Subsuelo, propiedad de la nación”.

-         Disponer de la renta petrolera como patrimonio estratégico y destinar el 80 por ciento de ésta para inversión y el 20 por ciento para reducir desigualdades sociales.

-         Liberar a Pemex y la CFE de las deudas impuestas por la SHCP.

-         Suprimir en un plazo inminente la exportación de crudo y la importación de refinados y petroquímica.

-         Apoyar la reindustrialización acelerada de México (12 por ciento anual) mediante políticas de fomento industrial.

-         Establecer el marco jurídico e institucional correspondiente a los intereses nacionales  y derogar las leyes anticonstitucionales aprobadas en la reforma energética de 2008.

La coincidencia de Bartlett, los investigadores y el PT como plataforma que sustenta al estudio, su postura nacionalista y antiprivatizadora, me llevan a prever que hay desde ahora (y se reflejará ampliamente en el debate público a partir del 1 de diciembre) varias posturas en torno a la formulación de una política energética para México.

No se trata solamente de decir, como lo hizo el Presidente electo López Obrador, que la reforma energética es “un fracaso”. No lo es, en verdad, cuando existe un centenar de contratos ya firmados al amparo de ella y que establecen compromisos legales para Pemex y el Gobierno mexicano frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Entonces, ¿qué hacer?

Se puede tejer más fino. No coincido con algunas cosas que plantean los investigadores independientes, pero sí lo hago en su llamado urgente e intelectualmente honesto para no caer jamás en una “condición de involución económica y social irreversible” en México si no administramos bien nuestro petróleo.

A partir de ahí, hay que considerar qué tan conveniente es revertir por completo una reforma energética que por lo menos establece una ruta para atraer capital privado a México, considerando que nuestro país no tendría los recursos suficientes para, por ejemplo, la exploración en aguas profundas o la recuperación del gas natural.

En segundo término, considerar qué tan viable es una postura nacionalista a fondo, con cierre de capitales privados, disminución o cancelación de exportaciones de crudo, etcétera, en un mercado petrolero internacional que obedece a reglas peculiares y cuyos actores no se reducen a estados-nación, sino que incluyen a corporativos e individuos poderosos. 
México no es miembro de la OPEP, pero participa en ella como observador y sería trágico que por la sobreproducción petrolera o cancelación de sus exportaciones alterara negativamente los precios internacionales del hidrocarburo. La convivencia armónica con los demás productores petroleros es obligada y conveniente.

Tercero, entre los privatizadores y los nacionalistas hay un espectro muy variado de posturas, no todas son blanco y negro: ni ultraprivatizadores ni ultranacionalistas, sino proponentes de toda clase de matices: qué tanto capital privado, qué tanto capital extranjero, quitar los candados a Pemex, manejar por separado la renta petrolera, etcétera.

Va a ser de los más interesante examinar, a partir del 1 de diciembre, qué hará Bartlett en la CFE y cómo influirá su pensamiento y el de la “Estrategia Urgente en Defensa de la Nación” en el círculo interno de Andrés Manuel López Obrador y en el equipo designado para la Secretaría de Energía. Además, cómo se debatirán estas cuestiones en el Congreso y el Senado y de qué manera intervendrán en el debate los empresarios, académicos, sociedad civil, etcétera.

Podemos decir muchas cosas de Bartlett, pero no que desconoce y no domina su oficio político, al contrario. Lo que diga y haga, lo que comente con el Presidente y su relación con el gabinete nos darán una clave de qué tipo de política energética aplicará el nuevo Gobierno entre 2018 y 2024: seguir en la ruta de las reformas, recular a una postura nacionalista o encontrar un híbrido entre privatización y nacionalismo.

A este viejo león le quedan muchos rugidos: “Una política energética nacionalista es determinante para la existencia de México como nación independiente en el siglo XXI. La energía no es sólo actividad económica, ni se debe reducir su problemática a conceptos falaces de eficiencia empresarial o corporativa. Cabe reiterar que en la política energética está de por medio la existencia de México como nación independiente”.

Los investigadores independientes que intervinieron en el estudio son:

Alberto Montoya Martín del Campo: Doctor (Ph. D.) por la Escuela de Educación de la Universidad de Stanford con especialidad en políticas de Estado sobre la Revolución Tecnológica.

Rosío Vargas Suárez: Doctora en Ingeniería Energética por la Facultad de Ingeniería de la UNAM con Maestría en Economía Internacional por el CIDE.

Heberto Barrios Castillo: Ingeniero Mecánico por la ESIME, IPN, con estudios de Maestría en Administración Pública.

Francisco Garaicochea Petrirena: Ingeniero petrolero por la Facultad de Ingeniería, UNAM, en donde ha sido académico por 40 años. Medalla de la Legón de Honor de la Society of Petroleum Engineers (SPE).

   






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