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| Fuente: Google.com |
Por ROGELIO RÍOS HERRÁN
No solamente una ESR (Empresa Socialmente Responsable)
sino además una EPR (que implica asumir sus responsabilidades políticas y
cívicas). Si la empresa ya reconoce su impacto en el medio ambiente y en la
sociedad en la que se desenvuelve, el siguiente paso natural es reconocer que
su actividad generadora de capital y empleo juega un papel decisivo en la
construcción de comunidades con un tejido social fuerte e instituciones y
gobiernos sólidos que las hagan sentirse bien representadas y gobernadas.
No se trata de que las empresas o los empresarios
poderosos quiten o pongan gobernantes o que se coludan, en casos lamentables,
con autoridades corruptas para hacer negocios ilícitos. Todo lo contrario, el
rol político de la empresa en una comunidad, bien asumido, puede ser un factor
de impulso a la democracia, a la transparencia y rendición de cuentas y a las
mejores prácticas de gobierno.
Pasar de una actuación en segundo plano, en lo oscuro a
veces, o sustentada únicamente en relaciones personales inestables entre
empresarios y políticos a una relación moderna entre empresa y política -a
nivel de organizaciones más que de personas- sería la gran aportación de la
empresa mexicana a la construcción de un país más democrático y mejor
gobernado.
Todos hemos escuchado, a nivel de mesas de café, las
leyendas de cómo grandes empresarios apoyan a varios candidatos a la vez con la
esperanza de que lo que pierdan con los derrotados lo recuperen con el ganador;
sin preferencias ideológicas ni perspectiva política, solamente el ojo del
inversionista aplicado al mercado político.
Si esto fue cierto, en algún momento, es tiempo de
enviarlo al baúl del olvido. Se trata de una práctica primitiva, premoderna y
contraria a los intereses de todos, incluso de quienes lo hacen, pues ¿qué buen
gobierno puede salir de ese tipo de arreglos?
Asumirse y comportarse con responsabilidad en la política
nacional le daría a la empresa -por sí misma o a través de sus organizaciones- una
voz legítima y representatividad plena ante gobernantes e instituciones. Con
ello tendría la posibilidad de incidir positivamente en la formulación de
políticas públicas de consenso con gobernantes y legisladores.
Proponer valores cívicos como la transparencia, la
honestidad de funcionarios y empresarios como antídoto contra la corrupción, la
rendición de cuentas, la gobernanza sustentada en conocimientos y
procedimientos modernos que sigan las mejores prácticas de otras naciones, es
una manera de defender la democracia mexicana amenazada por prácticas viciosas.
Instalar a la empresa mexicana como un actor político
responsable, propositivo, alejado de los dañinos extremos políticos e
ideológicos, equilibrante y no disruptivo, conciliador y no impositivo, sería
la esencia de ser EPR: la empresa que aporta a la comunidad no sólo su capital
y su capacidad de crear empleo y beneficiar a su comunidad, sino su capital
político (basado en su prestigio y en su rechazo a la corrupción) para fomentar
un mejor gobierno que nos beneficie a todos.
Sería raro que los partidos políticos, gobernantes o
legisladores ignoraran ese llamado empresarial. No concibo que desde el nivel
municipal, los gobernadores y hasta el Presidente de la República permanecieran
indiferentes a un activismo cívico empresarial orientado a la lucha
anticorrupción, por ejemplo, a las elecciones limpias, a la procuración de
justicia eficiente y que estuviera además sustentado en valores políticos del
centro -no de izquierda o de derecha, para usar las referencias tradicionales-
compartidos por todos los mexicanos: que se apliquen las leyes, que se
destierre la corrupción y la ineptitud en los gobiernos, que el Congreso
trabaje en beneficio de la nación, no de los intereses partidistas, etc.
Comparto la atinada observación de Antonio Ocaranza
Fernández, consultor de empresas especializado en reputación corporativa: “Las
empresas deben verse como un actor político y desarrollar planes que les permitan
enfrentar escenarios que aseguren su capacidad de operar y continuar creciendo
después de las elecciones del 1 de julio” (en “Tu empresa está en riesgo en el
2018”, elfinanciero.com, 23 de febrero del 2018).
La elección presidencial del 2018 en México no pinta nada
bien, podría tener escenarios de inestabilidad y violencia. Nadie puede
permanecer indiferente ante eso, mucho menos la empresa mexicana que tiene un
papel clave en la economía y podría ser, si se decide, un actor políticamente
responsable en nuestra vida pública, una EPR que haga contrapeso a las
irresponsabilidades de otros actores públicos. Así lo esperamos.
rogelio.rios60@gmail.com
