miércoles, febrero 28, 2018

2018: ¿Empresas EPR?


 
Fuente: Google.com

Por ROGELIO RÍOS HERRÁN

 Quién sabe, pero la elección presidencial en México podría ser una gran oportunidad para que las empresas mexicanas, el sector empresarial y sus organismos representativos, asuman explícitamente su papel como el factor político que son y añadan a sus certificaciones una que ya resulta inaplazable: proponerse como Empresa Políticamente Responsable.

No solamente una ESR (Empresa Socialmente Responsable) sino además una EPR (que implica asumir sus responsabilidades políticas y cívicas). Si la empresa ya reconoce su impacto en el medio ambiente y en la sociedad en la que se desenvuelve, el siguiente paso natural es reconocer que su actividad generadora de capital y empleo juega un papel decisivo en la construcción de comunidades con un tejido social fuerte e instituciones y gobiernos sólidos que las hagan sentirse bien representadas y gobernadas.

No se trata de que las empresas o los empresarios poderosos quiten o pongan gobernantes o que se coludan, en casos lamentables, con autoridades corruptas para hacer negocios ilícitos. Todo lo contrario, el rol político de la empresa en una comunidad, bien asumido, puede ser un factor de impulso a la democracia, a la transparencia y rendición de cuentas y a las mejores prácticas de gobierno.

Pasar de una actuación en segundo plano, en lo oscuro a veces, o sustentada únicamente en relaciones personales inestables entre empresarios y políticos a una relación moderna entre empresa y política -a nivel de organizaciones más que de personas- sería la gran aportación de la empresa mexicana a la construcción de un país más democrático y mejor gobernado.

Todos hemos escuchado, a nivel de mesas de café, las leyendas de cómo grandes empresarios apoyan a varios candidatos a la vez con la esperanza de que lo que pierdan con los derrotados lo recuperen con el ganador; sin preferencias ideológicas ni perspectiva política, solamente el ojo del inversionista aplicado al mercado político.

Si esto fue cierto, en algún momento, es tiempo de enviarlo al baúl del olvido. Se trata de una práctica primitiva, premoderna y contraria a los intereses de todos, incluso de quienes lo hacen, pues ¿qué buen gobierno puede salir de ese tipo de arreglos?

Asumirse y comportarse con responsabilidad en la política nacional le daría a la empresa -por sí misma o a través de sus organizaciones- una voz legítima y representatividad plena ante gobernantes e instituciones. Con ello tendría la posibilidad de incidir positivamente en la formulación de políticas públicas de consenso con gobernantes y legisladores.

Proponer valores cívicos como la transparencia, la honestidad de funcionarios y empresarios como antídoto contra la corrupción, la rendición de cuentas, la gobernanza sustentada en conocimientos y procedimientos modernos que sigan las mejores prácticas de otras naciones, es una manera de defender la democracia mexicana amenazada por prácticas viciosas.

Instalar a la empresa mexicana como un actor político responsable, propositivo, alejado de los dañinos extremos políticos e ideológicos, equilibrante y no disruptivo, conciliador y no impositivo, sería la esencia de ser EPR: la empresa que aporta a la comunidad no sólo su capital y su capacidad de crear empleo y beneficiar a su comunidad, sino su capital político (basado en su prestigio y en su rechazo a la corrupción) para fomentar un mejor gobierno que nos beneficie a todos.

Sería raro que los partidos políticos, gobernantes o legisladores ignoraran ese llamado empresarial. No concibo que desde el nivel municipal, los gobernadores y hasta el Presidente de la República permanecieran indiferentes a un activismo cívico empresarial orientado a la lucha anticorrupción, por ejemplo, a las elecciones limpias, a la procuración de justicia eficiente y que estuviera además sustentado en valores políticos del centro -no de izquierda o de derecha, para usar las referencias tradicionales- compartidos por todos los mexicanos: que se apliquen las leyes, que se destierre la corrupción y la ineptitud en los gobiernos, que el Congreso trabaje en beneficio de la nación, no de los intereses partidistas, etc.

Comparto la atinada observación de Antonio Ocaranza Fernández, consultor de empresas especializado en reputación corporativa: “Las empresas deben verse como un actor político y desarrollar planes que les permitan enfrentar escenarios que aseguren su capacidad de operar y continuar creciendo después de las elecciones del 1 de julio” (en “Tu empresa está en riesgo en el 2018”, elfinanciero.com, 23 de febrero del 2018).

La elección presidencial del 2018 en México no pinta nada bien, podría tener escenarios de inestabilidad y violencia. Nadie puede permanecer indiferente ante eso, mucho menos la empresa mexicana que tiene un papel clave en la economía y podría ser, si se decide, un actor políticamente responsable en nuestra vida pública, una EPR que haga contrapeso a las irresponsabilidades de otros actores públicos. Así lo esperamos.

rogelio.rios60@gmail.com


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