viernes, junio 19, 2026

Corrupción en las izquierdas

Si no hay otro camino para llamar a cuentas a los morenistas corruptos y su “narcogobierno”, que entonces vengan las cortes extranjeras, desde Estados Unidos o desde la CIDH.

Por Rogelio Ríos Herrán


Un hilo negro engarza en la corriente impetuosa de la corrupción a dos movimientos de inspiración marxista: los socialistas españoles (PSOE) y los morenos mexicanos (Morena).

No sólo el gobierno socialista de Pedro Sánchez, sino el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) son objeto de investigaciones y procesos judiciales por la Audiencia Nacional y tribunales españoles.

Los morenistas mexicanos son exhibidos constantemente en actos de corrupción grandes y pequeños por los periodistas de investigación y medios de comunicación críticos.

En México, el expresidente López Obrador enfrenta tres denuncias y quejas en proceso en cortes internacionales.

La más reciente en junio, la del Partido Acción Nacional, en la Corte Penal Internacional, por presuntos vínculos con grupos criminales y una estrategia de seguridad omisa (“abrazos, no balazos”).

En marzo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a petición de 65 jueces y magistrados mexicanos, emplazó al Estado mexicano a responder a la acusación de que la reforma judicial de AMLO vulnera gravemente la independencia del poder judicial.

En 2024, la Corte Interamericana de Derechos HUmanos sentenció al gobierno de México (al de López Obrador) a eliminar la prisión preventiva oficiosa por violar los derechos humanos.

Los hijos del primer matrimonio y la generación de “compañeros del movimiento” que lo acompañan desde sus días de activista tabasqueño, son señalados por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable.

Los socialistas españoles y mexicanos comparten también el “apetito por la destrucción” (como el álbum de Guns & Roses) de la democracia.

Lo que no pudieron destruir los izquierdistas españoles por la resistencia de las instituciones peninsulares, los hace ver con envidia a sus congéneres mexicanos.

Aquí, los morenistas agarraron vuelo y en apenas ocho años no sólo obstruyeron la transición democrática, sino que revirtieron el sistema y las instituciones hacia el viejo presidencialismo mexicano.

Persiste, sin embargo, una diferencia fundamental, hasta el momento, entre “zurdos” peninsulares y aztecas.

No sé si fue por falta de oportunidades o por un último escrúpulo moral, pero a los socialistas españoles se les puede acusar de muchas cosas, menos de tener complicidades profundas con el narcotráfico.

En contraste, la escala industrial de la red de complicidades entre políticos y narcos mexicanos que exhiben los gobiernos morenistas es impresionante.

He observado al sistema político mexicano desde mis años estudiantiles, pero lo que veo hoy supera a mi imaginación.

Con la democracia semi destruida, el poder judicial y la fiscalía de la nación capturadas por personas incondicionales, el mismo Pedro Sánchez envidiaría la capacidad de los morenistas de blindarse contra acusaciones graves.

Al revisar los documentos del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York con la acusación al gobernador de Sinaloa y nueve cómplices más, resalta la figura de la “asociación delictuosa”, de los fiscales estadounidenses.

Prácticamente toda la capa superior del gobierno estatal de Sinaloa se hizo cómplice del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y beneficios.

El modelo sinaloense se replica, afirman los fiscales neoyorquinos, en otros estados de la República Mexicana y en su gobierno nacional.

Claudia Sheinbaum, sucesora presidencial por deseo de López Obrador, tomó la decisión de no obedecer la solicitud de extradición de Estados Unidos, a pesar del tratado existente entre ambas naciones.

Con esa decisión, Sheinbaum definió la postura de su gobierno en la línea de López Obrador: no reconocer la complicidad criminal y seguir conviviendo con ella.

A algunos observadores españoles y extranjeros la etiqueta de “narco gobierno” y “narco presidente” que los mexicanos han colgado a los morenistas pudiera parecer excesiva.

Pero no es exagerado. De ello se dan cuenta en cuanto ponen un pie en la realidad mexicana.

¿Por qué no castigan a los corruptos en México?, pregunta un amigo español. En Madrid están dando palos judiciales a Sánchez y a Rodríguez Zapatero.

Porque en México capturaron todo el aparato del Estado,yo intento responder, con el fin de protegerse.

No se sorprenden, entonces, los observadores extranjeros de que haya muchos mexicanos que esperan con ansiedad más acusaciones contra morenistas corruptos desde Estados Unidos.

No son antinacionalistas, no son “traidores” a la Patria, ni aplauden a Donald Trump.

Si no hay otro camino para llamar a cuentas a los morenistas corruptos y su “narcogobierno”, que entonces vengan las cortes extranjeras, desde Estados Unidos o desde la CIDH.

En España, afortunadamente, no se ha llegado a los extremos que se viven en México.

Como dije, el hilo negro de la corrupción engarza a los socialistas españoles y mexicanos metidos en aprietos por corruptos. 




  


miércoles, junio 10, 2026

México y el ‘vetting’ americano

La palabra anglosajona “vetting” se traduce como investigación de antecedentes y es un filtro de seguridad y confianza para mitigar riesgo mediante el examen, la revisión y aprobación de personas y empresas y, en el área de gobierno, de nombramientos de funcionarios y candidatos electorales.

Por Rogelio Ríos Herrán


No es mucho lo que la reciente legislación mexicana sobre la “injerencia extranjera” en las elecciones nacionales pueda hacer ante la poderosa herramienta del “vetting” de las agencias del gobierno de Estados Unidos.

Bajo el estatuto de la lucha en el exterior contra organizaciones terroristas, su financiamiento, alcance delictivo, complicidades de socios empresariales y gobernantes nacionales y locales, el escudo mexicano se vuelve de papel.

Para entendernos, la palabra anglosajona “vetting” se traduce como investigación de antecedentes y es un filtro de seguridad y confianza para mitigar riesgo mediante el examen, la revisión y aprobación de personas y empresas y, en el área de gobierno, de nombramientos de funcionarios y candidatos electorales.

Al consultar a Gemini sobre el concepto, su motor me condujo en mayor detalle a la definición del término. La cito textualmente:


  1. “Vetting” laboral: Es la revisión profunda de un candidato. Incluye comprobar referencias laborales. títulos académicos, historial crediticio y antecedentes penales para asegurar que es apto para el puesto.

  2. “Vetting” de migración y seguridad: Es el escrutinio que realizan las autoridades (como las embajadas y consulados) sobre los solicitantes de visas. Suele incluir la revisión de viajes, redes sociales y posibles vínculos con actividades ilícitas.

  3. En finanzas e inversiones: el análisis detallado de una empresa o proyecto antes de comprarlo, fusionarse e invertir en él (conocido comúnmente como “due dilligence”).

  4. En el sector marítimo o logístico: es la inspección técnica, operativa y administrativa de barcos o proveedores antes de contratarlos para garantizar la seguridad y prevenir accidentes. 


Con el mínimo de suspicacia en mente es sencillo entender que, bajo los estándares rigurosos del “vetting” americano, medio México, desde empresas hasta gobierno, estaría paralizado por no dar la talla.

Si los gobernantes y empresarios mexicanos no hacen el “vetting” como parte de sus procedimientos propios, alguien más lo hará desde el exterior.

Estados Unidos no es el único país que aplica su “vetting” al nuestro.

Los miembros de la Unión Europea, las agencias de la ONU y los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, lo hacen con México y cualquier otro país.

Las empresas globales de todo tipo, desde las petroleras hasta las tecnológicas, lo hacen de igual manera sin atenerse a lo que digan o callen los mexicanos.

No hay vuelta de hoja ante el “vetting” en los negocios y la política.

Dicho lo anterior, la legislación mexicana sobre injerencia extranjera en las elecciones no asusta ni al espantapájaros.

Es una cortina de humo que vanamente trata de detener lo inevitable.

¿Qué es lo inevitable?

Me detendré en un aspecto de entre muchos otros.

Cada aspirante a una candidatura de elección popular a cargos de alto nivel en los gobiernos estatales, el gobierno nacional, el senado de la república y el congreso de la unión, será sometido al “vetting” externo.

Cada partido u organización política que contienda en una elección será escrutado desde el exterior sin compasión alguna.

La cancelación de las visas americanas a gobernantes y funcionarios mexicanos es un juego de niños comparado con lo que viene.

Cada peso o dólar inyectado por los partidos políticos en una campaña electoral con o sin conocimiento del candidato en turno, será “vettteado”, como se dice en spanglish.

La etiqueta de “organización terrorista” pesa hoy en México no sólo contra los carteles de la droga, sino contra las organizaciones políticas.

En mi sano juicio, yo no tocaría ni con el dedo de un pie el agua de la alberca de la política mexicana porque es tóxica y bañarse en ella es asegurar un boleto para ir a una prisión americana -con gastos pagados- a ver la Copa del Mundo 2026.

Remember el vetting, raza.



viernes, junio 05, 2026

¿A dónde fue el buen juicio político?

De haberse procedido con verdadera cabeza fría y anteponiendo el interés nacional a cualquier otra consideración, el gobierno de México habría dado un gran paso adelante en la lucha contra el narcotráfico.

Por Rogelio Ríos Herrán


Ahora que la relación bilateral de México-Estados Unidos alcanzó un nivel tan bajo que no sólo llegó al fondo del mar, sino que da rebotes en él, yo no dejo de preguntar ¿cuándo perdieron la cabeza los políticos morenistas?

La carta enviada por López Obrador, escrita con su acostumbrado estilo peleado con la sintaxis, puso en evidencia que las posturas de Claudia Sheinbaum ante Washington son, en realidad, las de él mismo.

No se necesita leer a Thomas Hobbes y su Leviatán para darse cuenta de que quien atenta en contra de su supervivencia política está condenado a no sobrevivir.

Entre cartas desde Palenque y discursos presidenciales ultranacionalistas como el del 31 de mayo denunciando, de nueva cuenta, conspiraciones internacionales dirigidas desde EU, yo no me distraigo.

El fondo del asunto es claro como el agua limpia.

La acusación del Tribunal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York del 23 de abril sigue en pie.

El juicio a los diez acusados del gobierno estatal y municipal de Sinaloa ya inició con la comparecencia reciente ante una jueza del general Gerardo Mérida.

Desgarrarse las ropas en discursos incendiarios o en cartas flamígeras es inútil.

No se ha honrado desde México el tratado de extradición vigente con Estados Unidos.

El documento del Tribunal estadounidense establece con claridad los términos de las acusaciones.

Citaré textualmente como ejemplo las referencias a las complicidades criminales y la corrupción de los funcionarios mexicanos. No tienen vuelta de hoja.


  1. “Para proteger y facilitar sus operaciones de drogas y garantizar la lealtad al cartel y su protección, el cartel cuenta y dirige no solo a cientos de sicarios violentos y fuertemente armados, sino también a decenas de funcionarios públicos corruptos que reciben mensualmente sobornos del cartel.”

  2. “El aparato de seguridad formado por los sicarios, junto con las relaciones del cartel con funcionarios gubernamentales corruptos, protege las operaciones del cartel y a sus líderes, territorio, laboratorios, rutas de tráfico y dinero.”

  3. “La corrupción desenfrenada es esencial para las operaciones del cartel. Los mayores narcotraficantes del mundo dependen de funcionarios públicos corruptos para mantener y hacer crecer sus redes de distribución de drogas.” 

  4. “Esta corrupción ha infectado a países de toda Sudamérica y Centroamérica, incluyendo Colombia, Venezuela, Honduras y Guatemala, donde determinados políticos de las más altas esferas han recibido auténticas fortunas de los narcotraficantes que causan dolor y destrucción en sus países.”

  5. “En Sinaloa, y en otras partes de México, esta misma corrupción impregna todos los niveles del gobierno local, estatal y federal y permite que el cartel y sus operaciones de tráfico de drogas funcionen y prosperen.”


En otra parte del documento de la acusación del Tribunal Sur, se explica ampliamente la red de “asociación delictuosa” que los acusados y otras personas tejieron con los jefes y miembros del Cartel de Sinaloa, de una manera que no deja dudas.

“Se unieron en una asociación delictuosa”, dice el documento, “conspiraron, se aliaron y acordaron, a sabiendas e intencionalmente, entre sí y con los demás, para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos.”

Ante una acusación de ese tamaño en contra de gobernantes y militares mexicanos, la mínima prudencia política dictaría que es un asunto de interés nacional de máxima prioridad para la presidencia de la república.

Las detenciones de los señalados desde Estados Unidos por cargos gravísimos se habrían hecho desde el momento de la solicitud de detención con fines de extradición para llegar al fondo del asunto.

De haberse procedido con verdadera cabeza fría y anteponiendo el interés nacional a cualquier otra consideración, el gobierno de México habría dado un gran paso adelante en la lucha contra el narcotráfico.

De ese tamaño es la oportunidad perdida por Claudia Sheinbaum para marcar la raya de su gobierno nacional en contra del crimen organizado, una “asociación delictuosa” que desafía al Estado mexicano y a ella misma y los somete en algunas regiones del país.

Lo demás, cartitas de expresidentes y discursos ultranacionalistas, es lo de menos.

¿A dónde se fue el buen juicio de los gobernantes mexicanos?

¿Alguna vez lo tuvieron?





México en crisis política

Una solicitud de detención de políticos sinaloenses con fines de extradición fue el detonante de la descomposición del gobierno nacional hac...