Por Rogelio Ríos Herrán
Si algo ha puesto en evidencia el “Affair Yasmín Esquivel” (el plagio de una tesis de licenciatura en derecho por una ministra) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es su degradación como tribunal garante de la división de poderes y símbolo de la autonomía del Poder Judicial, lo que me lleva a cuestionar la utilidad de su existencia.
No es una pregunta retórica la que hago en el título de esta columna, sino un cuestionamiento que he escuchado ya entre analistas en Estados Unidos que se plantean la relevancia de tribunales supremos que, supuestamente, custodian la Constitución y defienden a la democracia, pero terminan haciendo lo contrario.
Nada de eso sucede en Estados Unidos y mucho menos en México. Allá y acá, se habla de ministros demócratas y republicanos, de magistrados afines al Presidente López Obrador o contrarios a su “Transformación”; se habla de todo, menos de lo importante: la separación saludable entre política y justicia.
Quitar o poner ministros en estos “tribunales supremos”, asegurar la mayoría en sus votaciones para impulsar la agenda política propia, es cosa de todos los días para los gobernantes mexicanos y estadounidenses.
En el caso de México, la inminente elección de un nuevo presidente de la Corte el día 2 de enero ha levantado inquietudes respecto a que sea la Ministra Esquivel (la Ministra Copy & Paste, como le llaman ahora en redes sociales) la seleccionada entre sus pares y llegue con su pesada acusación de plagio a presidir el tribunal.
No sé cuál será el resultado de esa votación al momento, pues escribo el 1 de enero esta reflexión todavía con huellas de la celebración de fin de año. No tengo duda, sin embargo, sobre que el problema actual de la Suprema Corte no empieza ni termina con Esquivel, incluso si se convierte en presidenta de la Corte de una manera deshonesta, intelectualmente hablando.
El problema es uno de tipo existencial para la Suprema Corte: no es sólo para qué queremos a esta Corte, sino para qué queremos, en general, a un Tribunal Supremo que, de entrada, pretende vivir en la ilusión de la separación de la justicia y la política. No hay manera de que eso exista a caballead en la vida real en ningún tipo de tribunal, por más bien intencionados que sean jueces y magistrados.
Desde mi perspectiva de ciudadano, veo a un alto tribunal lejano, desconectado de los problemas y asuntos legales comunes e incapaz de suscitar simpatía o captar la atención de las personas. Un lugar al que jueces y juristas aspiran como la cumbre de sus carreras profesionales, para lo cual están dispuestos, como la Ministra Esquivel, a incurrir en corrupciones de todo tipo, como la deshonestidad académica en la forma del plagio.
Reconozco, por supuesto, la necesidad de contar con instancias judiciales de último escalón, de casación o revisoras hasta llegar al nivel de una Suprema Corte, no soy ingenuo en ese sentido. No hay manera de eliminar a la Suprema Corte de un plumazo si no se cuenta con un diseño jurídico que suplante y mejore a esa añeja y obsoleta herencia ilusoria de tribunales puros, inmaculados, distantes del efecto corruptor de la política y los políticos.
Me gusta el nuevo año de 2023 para explorar las respuestas (que aún no tengo) a la pregunta inicial: de veras, ¿necesitamos a la Suprema Corte?
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