Por Rogelio Ríos Herrán
Acabo de leer el Resumen Ejecutivo sobre las implicaciones de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral que iniciaron su trámite legislativo el 6 de diciembre del 2022 elaborado internamente en el Instituto Nacional Electoral. Es un análisis puntual, riguroso, sobre el impacto destructivo de esas leyes secundarias (conocido en la opinión pública como el Plan B de MORENA) en la estructura, servicio profesional de carrera y autonomía del INE tal como hoy lo conocemos, al grado de poner en grave riesgo las elecciones en México.
Dos leyes ya aprobadas por el Congreso de la Unión (La Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Públicas, el 15 de diciembre pasado) y las que faltan por aprobar (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, Ley de Medios de Impugnación y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), darían por resultado, (si no se les cambia ni una coma, diría el presidente López Obrador) la transformación del INE en una institución incapaz de celebrar elecciones creíbles en nuestro país y acabaría con tres décadas de avances en materia electoral desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990.
El documento de 12 páginas es muy bueno: sintetiza lo crucial de las leyes modificadas y explica con claridad a los ciudadanos su impacto en el INE y su efecto nocivo en el derecho al voto de los ciudadanos. Vale la pena dedicarle unos minutos a su lectura, pues lo que está en juego es muy importante para los ciudadanos.
En esta ocasión, me enfocaré a un punto que considero de la mayor relevancia: El Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), una de las áreas más afectadas por las reformas propuestas.
Los analistas de las cuestiones electorales señalan con frecuencia que lo relacionado con las elecciones es complejo y requiere del mayor nivel profesional y objetividad de quienes organizan, administran y califican los resultados electorales. No hay en esa área espacio para gente improvisada, de actitud partidista o de plano incompetente; al contrario, su nivel profesional debe estar avalado por un servicio civil de carrera, exámenes periódicos y una escala de ascensos basada en el mérito.
Derivada de las leyes propuestas, desaparecerían de la estructura del INE todas las Juntas Ejecutivas Distritales (300, una por cada distrito electoral), por lo cual el SPEN sufriría una reducción de nada menos que el 84.6 por ciento. Sí, leyó usted bien, ¡el 84.6 por ciento)
Imaginen ustedes el impacto que esto provocará en los miembros del SPEN que han avanzado en sus carreras profesionales durante años con base en concursos de oposición públicos, que se capacitan constantemente para seguir actualizados en sus áreas de acción. En fin, personas que han dedicado su vida profesional a un servicio de carrera funcional que les ha permitido servir a su país con orgullo y dedicación.
¿Cómo explicarles ahora que todo su esfuerzo y voluntad de servicio no tienen validez alguna a los ojos del presidente López Obrador y los legisladores de MORENA? ¿De qué manera observarán, con el mismo terror de este analista, la destrucción de la certeza y credibilidad en las elecciones? ¿Cómo mirar con optimismo la elección federal del 2024 si estas leyes son aprobadas?
En su lugar, se propone en las leyes reformadas contratar personal temporal para cada elección federal o local que se celebre. Como se recortará drásticamente el área de capacitación del INE, no habría certeza alguna de que se consigan personas temporalmente en cada elección y, si se consiguen, que estén debidamente preparadas para desarrollar sus funciones en las casillas electorales.
En el Resumen Ejecutivo se aborda este punto con claridad: “La sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección como el concurso público para el ingreso al SPEN, no permitirá garantizar la independencia, profesionalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional”.
Para concluir, recordemos que, en su origen, los tres propósitos del SPEN definían su esencia:
1) Evitar que los funcionarios responsables de organizar las elecciones sean impuestos por las autoridades.
2) Lograr que el desempeño de estos funcionarios resista a las presiones de partidos y actores políticos.
3) Apegar los actos de los funcionarios electorales a la ley.
¿Qué se ofrece en lugar de los servidores públicos de carrera del SPEN? Nada más que la incertidumbre electoral.
Link al informe completo del INE: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/147695/CGex202301-25-ip-1.pdf
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