Por Rogelio Ríos Herrán
Todo servidor público enfrenta un dilema que lo obliga, si es hombre o mujer de buena fe, a reflexionar constantemente sobre lo siguiente: ¿Debo observar una lealtad incondicional al líder, al partido o la causa? ¿O es preciso manifestar los desacuerdos, expresar críticas, ejercer el contrapeso a las decisiones del líder que se consideren equivocadas o alejadas del interés público?
En vista de la actual posición política precaria de Samuel García en Nuevo León: los presuntos delitos que cometió, el abandono de la gubernatura en busca de una elección presidencial, su comportamiento irrespetuoso de la investidura, la crisis de gobernabilidad que se vive en el estado, ¿van a renunciarle sus funcionarios de gabinete o se dejarán arrastrar al abismo por el desprestigio de Samuel?
A este tipo de dilemas éticos, el funcionario público los aborda desde su moral personal. El prestigio público de una persona resulta de una mezcla -bien balanceada- de formación moral y cumplimiento del deber en lo ético: los estadounidenses le llaman saber “hacer lo correcto” en cada circunstancia.
Lo correcto es, por supuesto, para el funcionario, el cumplimiento de la ley y un comportamiento que haga honor al ideal ético de que el interés superior de Nuevo León prevalezca sobre los intereses del líder, del partido político, la posible corrupción y la arrogancia del gobernante.
Reconozco que es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo en el terreno del servicio público; para gobernar una ciudad, un estado o la nación entera, es inevitable en algunos casos hacer compromisos y alianzas políticas inconfesables, incursionar en el pantano y hacer la ética a un lado.
Cualquiera que se meta al servicio público debe saber, sin embargo, que el costo de desviarse por acción u omisión del camino correcto, vale decir del apego a la legalidad, será muy elevado e incluirá su desprestigio personal y profesional.
No vayamos tan lejos en el tiempo para entender cuál es “el camino correcto” para un funcionario nuevoleonés:
El Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración del Estado de Nuevo León (emitido en recientemente septiembre de 2023), el cual promueve la cultura de la ética para fortalecer el comportamiento y el desempeño íntegro de todas las personas servidoras públicas en Nuevo León, es puntual al respecto:
“Los principios rectores de observancia general para todas las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión son: respeto a los derechos humanos, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, objetividad”, entre otros más.
En el Código se menciona, en efecto, la lealtad como principio rector valioso para que el equipo de trabajo de un líder funcione en un ambiente de confianza mutua; su contrapeso, la legalidad, es un principio que delimita perfectamente bien el alcance de la lealtad: hasta donde la ley lo permita.
Quizá en algunas áreas se note un desempeño disparejo de los funcionarios estatales nuevoleoneses, pero si un acierto tuvo Samuel García al arranque de su administración fue incorporar a personas muy valiosas en sus trayectorias profesionales en el sector privado y social (por ejemplo, en Salud, Desarrollo Social, Educación, Economía y Cultura), las cuales, estoy convencido, accedieron de buena fe a aprovechar la oportunidad de aportar sus conocimientos al interés superior de Nuevo León.
Por eso me pregunto qué pensarán hoy, después de transcurrido un tiempo prudente para formarse un buen juicio de su jefe Samuel García, ante el comportamiento errático del gobernador en quien depositaron toda su confianza y prestigio.
¿Cuál principio rector del Código de Ética van a seguir en adelante: la lealtad o la legalidad? Yo confío en su buen juicio para tomar una decisión congruente con su formación moral y sus deberes éticos.
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