¿Qué dirán los candidatos presidenciales sobre la corrupción del gobierno de AMLO?

 

Por Rogelio Ríos Herrán

Desde hace tiempo, no se me quita de la cabeza la convicción de que es la lucha contra la corrupción del gobierno de López Obrador la mejor bandera electoral que puede tener cualquiera de los candidatos de oposición (Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez, además de la piedra en el zapato de la candidata del partido oficialista (Claudia Sheinbaum, MORENA y coaligados).

Si fuera posible reducir las campañas a un tema o “issue” solamente, no dudaría en proponer que fuera luchar contra “la corrupción vigente”, tal como Mauricio Merino denomina en un análisis reciente al grave fallo en la lucha contra la corrupción del gobierno de AMLO (en el capítulo sexto del libro coordinado por Ricardo Becerra “El daño está hecho. Balance y Políticas para la Reconstrucción”, México: Libros Grano de Sal, 2024, 307 pp.).

No se trata únicamente de los escándalos de sobornos, contratos o enriquecimiento súbito e inexplicable de personajes del gobierno de AMLO o el partido oficial, sino de algo más grave.

Merino lo señala puntualmente: “La corrupción no sólo sigue vigente en México, sino que los medios jurídicos y administrativos que nos dimos para combatirla han sido desdeñados y bloqueados. Una mirada agria sobre estos hechos podría llegar a concluir que el gobierno no quiso evitar la captura del Estado ni cancelar los abusos cometidos por los servidores públicos para hacerse de dinero o poder, sino que, por el contrario, al minar sus propias capacidades para prevenir, disuadir y castigar esas conductas, contribuyó a acrecentarlas bajo el supuesto de que sólo así podrían llegar ´los buenos y los leales’ a los puestos públicos y el presupuesto podría asignarse, libremente, a los programas y las obras elegidas por el presidente.”

¿A qué se refiere Merino con la frase “la captura del Estado”? A una situación de la mayor gravedad derivada del criterio de selección de funcionarios que el presidente López Obrador anunció desde el principio de su gobierno: noventa por ciento lealtad y diez por ciento capacidad, criterio que abrió la puerta a la utilización del aparato de gobierno para el lucro personal y partidista.

Bajo tal perspectiva, Merino cita informes elaborados por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que se refieren a “la fragmentación de las instituciones encargadas de evitar la captura del Estado.”

Merino (quien preside el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara) afirma que “la tesis fundamental de ese mirador institucional (el SNA) sostiene que el origen de la corrupción está en la captura de las instituciones del Estado para utilizarlas con propósitos excluyentes y para conservar o incrementar el poder de un grupo sobre otros, ya sea con fines políticos o económicos o ambos.”

Agrega el investigador que “este fenómeno connota la apropiación abusiva de decisiones y procesos administrativos, deliberadamente desviados de los fines para los que fueron creados… la corrupción se refiere a todo aquello que, mediante la captura, se vicia -se daña, se pervierte, se pudre, se echa a perder- en demérito de su naturaleza original.”

Como se ve, el problema de fondo del gobierno de López Obrador no es que aparezcan por aquí o por allá casos de corrupción de funcionarios o familiares, situaciones que han estado presentes en gobiernos anteriores.

Lo grave del actual gobierno morenista es que ha erosionado o destruido los organismos y las leyes que dieron vida en México al mejor aparato anticorrupción que se pudo construir en décadas, lejos de ser perfecto, pero que es el único arsenal con que contamos los ciudadanos para señalar la corrupción y pedir la rendición de cuentas al gobierno. 

“A diferencia de sexenios anteriores”, agrega Merino, “en el gobierno actual se han desconocido deliberadamente los modestos avances que se tenían para combatir ese fenómeno (la corrupción) profundamente arraigado en la cultura política del país y se ha intentado derrotar y eliminar a las instituciones autónomas encargadas de hacer valer una política anticorrupción completa y bien articulada. En dos palabras: no sólo se ha mantenido el virus, sino que se han tirado las vacunas.”

La gran batalla contra la corrupción en México la han dado los ciudadanos activos, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo de investigación de los medios críticos nacionales e internacionales desde hace décadas. Ellos son la última línea de resistencia en contra de la captura total del Estado (al estilo Venezuela o Nicaragua) del gobierno de López Obrador.

Como ciudadanos, hay que prepararnos para lo que viene durante la campaña electoral y después, una vez formado el próximo gobierno. Hablo de preparar la resistencia, como lo sugiere la activista ciudadana Aixa García (@aicha13410), quien ya vivió una situación parecida en Venezuela.

Merino (doctor en ciencia política por la Universidad Complutense) no es optimista, pero creo que recoge un sentimiento de realismo presente en muchos mexicanos: “es evidente que todos esos esfuerzos (la lucha ciudadana contra la corrupción) han sido superados por las decisiones tomadas desde la presidencia de la República, que una y otra vez ha desdeñado, difamado, boicoteado y lastimado a las instituciones con las que quisimos, en buena lid, erradicar la corrupción de México. En efecto, el daño ya está hecho.”

Ante esta afirmación, reitero la pregunta: ¿Qué dirán los candidatos presidenciales sobre la corrupción del gobierno de AMLO?

Rogelio.rios60@gmail.com