Por Rogelio Ríos Herrán
¿Qué tienen qué decir los candidatos presidenciales sobre la militarización de México? ¿Qué tienen que decir sobre el tipo de ejército, fuerza aérea y marina que la nación mexicana demanda para el siglo 21 y sus retos globales?
Lo que los mexicanos queremos no es que las fuerzas armadas se conviertan en una élite económica con poderes autónomos que la excluyen de ser auditada y vigilada por los poderes judicial y legislativo, en particular sobre el cumplimiento de su deber y récord de derechos humanos.
Para que se enteren los candidatos presidenciales, queremos un Ejército que no se desvíe y degrade en la corrupción al asumir la operación de sectores económicos que no le corresponden. Que no se degrade por la violación constante de los derechos humanos, su elevada letalidad y la aun más elevada opacidad que impide la observación puntual de los poderes públicos y la sociedad.
El reclamo se extiende a la Marina y la Fuerza Aérea mexicanas, en particular por su aversión al escrutinio público que nos impide saber exactamente la eficiencia y resultados de su operación.
La militarización de México empezó desde gobiernos anteriores, pero ha sido con el presidente López Obrador que la tendencia alcanzó su punto máximo, a pesar de que la postura pública de él durante su larga trayectoria como opositor era la de oponerse a la militarización, un extenso reclamo compartido también por la sociedad mexicana.
Hasta qué punto tienen amarradas las manos los candidatos presidenciales con el tema de la militarización, no lo sabemos. La reversión de la entrega de poderes económicos, políticos y una total autonomía de facto a las Fuerzas Armadas no se reduce a la simple acción de “regresar a los soldados a sus cuarteles”.
La desmilitarización del gobierno mexicano requerirá años de transformación de una burocracia y élite militar poderosa -que pesa como factor político para la sucesión presidencial- en un cuerpo militar moderno, ágil, compacto y adecuado para el combate a desafíos globales, como el cambio climático y la ciberseguridad.
Empecemos con lo obvio: ¿qué va a hacer la candidata o candidato ganador con la carga económica y burocrática de la existencia de tantos generales para tan pocos soldados?
Víctor Antonio Hernández Ojeda escribió una tesis de maestría muy interesante: “The self-government of the Mexican Armed Forces: The Political Rise of the Mexican Army During the War on Drugs (2006-2023)”, sin fecha, para obtener su maestría (MA in Intelligence and International Security) en el King’s College de Londres, bajo la supervisión de la doctora Eleonora Nataly.
En su tesis, Hernández aborda una situación que los mexicanos solemos describir como “hay más generales que tropa”, lo cual decimos cuando en una organización todo mundo quiere ser jefe y nadie quiere ser parte de la tropa.
Desde la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la república en 1946, al entregarle el poder el general Manuel Ávila Camacho, ningún militar volvió a llegar a la presidencia y comenzó a partir de ahí lo que se consideró un “pacto” (informal y no escrito), según el cual se permitiría “la transformación del ejército de una élite política a una económica”.
En otras palabras, los civiles dejaron a los militares en paz, en su mundo aparte, con tal de que no intentaran incursionar de nuevo en la política.
¿Cómo se logró esto? Con autonomía administrativa, casi nula supervisión legislativa y permitiendo dejar a un general (no a un civil, como en otros países) al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Según la investigación realizada por Hernández, desde la adopción de ese “pacto”, el Ejército ha tenido al menos a 500 generales en su nómina en cualquier momento determinado.
En el presupuesto federal para 2023 se contempló en el “payroll” de la Sedena a 557 generales: uno de cuatro estrellas (el Secretario de Defensa), 45 generales de división (tres estrellas), 186 generales de brigada (dos estrellas) y 325 brigadieres (una estrella).
El total de soldados del Ejército y la Fuerza Aérea (la Marina es una secretaría aparte) para ese año sumaba 272 mil 233, por lo que la razón es de un general por cada 488 soldados.
Para la Marina, Hernández nos dice que en ese presupuesto federal de 2023 se contemplaba a 387 almirantes: un almirante secretario de Marina, cuatro estrellas; 30 almirantes, tres estrellas; 102 vicealmirantes, dos estrellas; 251 contraalmirantes, una estrella. La razón es de un almirante por cada 211 marinos.
“No hay una razón operativa para mantener en la nómina un exorbitante número de comandantes para una fuerza tan pequeña”, concluye Hernández.
Vaya desafío para el siguiente gobierno civil: ¿de qué manera revertir la militarización de México sin entrar en conflicto con los militares? ¿Cómo fue que llegamos a este punto crítico bajo el gobierno de López Obrador?
Rogelio.rios60@gmail.com
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