Por Rogelio Ríos Herrán
En un par de días, entre el 6 y el 7 de diciembre, el escenario político en América Latina nos regaló dos ejemplos de la enfermedad crónica de la región: sus gobernantes ineptos y corruptos.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia no se salva prácticamente ninguno. En esos dos casos, me refiero a Cristina Fernández (ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina) y a Pedro Castillo (ex presidente del Perú detenido tras su destitución por el Congreso peruano). Vaya par de Jokers de la baraja política.
La señora Cristina es todo un caso de la decadencia de un movimiento popular que se dice progresista o izquierdista, el peronismo, sin serlo en los hechos. El martes 6 de diciembre fue sentenciada a 6 años de prisión y quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por fiscales nacionales. Se le halló culpable de administración fraudulenta de recursos públicos durante sus mandatos presidenciales (2007-2015) por la cantidad de ¡mil millones de dólares!
Durante su gestión, su gobierno adjudicó al menos 51 contratos a Lázaro Báez, empresario surgido a la sombra de Ernesto Kirchner (su difunto marido), quien fuera presidente del país entre 2003 y 2007. Báez ascendió desde su posición de empleado bancario de rango inferior hasta la de contratista multimillonario en cuanto se ligó a los Kirchner.
Cristina tiene en curso otras causas judiciales abiertas en su contra. Siendo la actual Vicepresidenta (el presidente es Alberto Fernández), su cargo le confiere inmunidad hasta que termine el mandato. De inmediato, contestó desafiante que la sentencia judicial estaba mal escrita y que la acusación contiene una serie de mentiras, además de que los hechos señalados no existieron.
Además, ella agregó que no contendería por la presidencia en las próximas elecciones. Recordemos que sufrió un atentado bajo circunstancias muy extrañas el 1 de septiembre. Por supuesto, su sentencia ha causado gran revuelo en Argentina y es fuente de inestabilidad política.
Al día siguiente del anuncio de la sentencia de la vicepresidenta argentina, se suscitaron varios acontecimientos en Lima, capital del Perú. Por la mañana de ese día, el todavía presidente Pedro Castillo anunció a la nación que disolvía al congreso peruano y que gobernaría por decreto bajo un régimen de excepción de las libertades y derechos de los ciudadanos. Estableció además un toque de queda para todos los peruanos.
Suena increíble lo que les relato, pero así sucedió. Cuando escuché el video del mensaje de Castillo del 7 de diciembre me vinieron a la mente los mensajes que enviaron, en su momento, el General Videla, en Argentina, y el General Augusto Pinochet, en Chile (en los lejanos años 70), al establecer sus propios “gobiernos de excepción”, un eufemismo por no decir “dictaduras”, en nombre del pueblo.
Castillo utilizó el mismo “playbook” o manual de jugadas que los dos nefastos dictadores militares sudamericanos. Casi utilizó sus mismas palabras y, como ellos, invocó al pueblo para justificar que todo lo hacía en su nombre.
No tardaron ni dos horas los legisladores peruanos en destituirlo bajo el cargo de “incapacidad moral” y el quebrantamiento del orden constitucional. Hubo un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rechazando las medidas anunciadas por el presidente Castillo. Su propia Vicepresidenta, Dina Boluarte, se declaró en contra del decreto presidencial y el abuso de poder que encerraba; ella lo sustituye ahora en la presidencia del Perú.
Ni escritores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, ni historiadores como Tulio Halperin hubieran imaginado a Castillo haciendo lo que hizo: un político civil, supuestamente de izquierda, tomando medidas similares a las de los dictadores “milicos” tan odiados en América Latina. Sólo le faltaron el uniforme y las medallas en el pecho a Castillo.
¿En qué estaba pensando Pedro? ¿Creía Cristina que el favoritismo y el desvío de recursos hacia un empresario (quizá para financiamiento de causas políticas y elecciones, tal como en los casos de Brasil y México) por la fabulosa suma de mil millones de dólares iba a quedar impune?
Ineptitud y corrupción, ambición desmedida disfrazada de la lucha por la justicia social, y una falta absoluta de escrúpulos o referentes éticos guiaron a estos servidores públicos en Argentina y Perú. Ninguna causa social justifica la corrupción rampante. No hay ideal progresista o revolucionario detrás de la mera estulticia política y la arrogancia del poder. Ahora, les llegó la hora de rendir cuentas.
Como diría Paquita la del Barrio: ¡¿Me estás oyendo, inútil?!
Rogelio.rios60@gmail.com
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