Por Rogelio Ríos Herrán
Tras la anulación por el Tribunal Electoral Federal de
la elección ordinaria para Presidente Municipal de la ciudad de Monterrey
(alegando razones de fallas en el resguardo de las boletas electorales), todos
los candidatos participantes que se alistan para una nueva jornada electoral extraordinaria
el 23 de diciembre, quedaron en desventaja.
Me refiero a todos, sin excepción, aunque en mayor
medida afecta al ganador Felipe de Jesús Cantú, propuesto por el Partido Acción
Nacional (PAN). Quedan en esa situación los candidatos porque la anulación de
la elección (más de medio millón de votos cancelados) causó enojo y desasosiego
entre los ciudadanos regiomontanos que acudieron puntualmente a las urnas el 1
de julio pasado.
“¿De qué sirvió nuestro voto?”, “¿por qué no respetaron
el trabajo de los ciudadanos que participaron en las casillas?”, “¿por qué las
elecciones no se resuelven en las urnas, sino en los tribunales?”, me
comentaban amigos y vecinos míos en Monterrey. Ninguno quedó satisfecho con las
respuestas y la actuación de las autoridades judiciales electorales.
No es poca cosa lo que ocurrió en la Sultana del Norte.
Parece mentira que en una ciudad tan importante, desarrollada y dinámica no
haya podido darse un proceso electoral fluido y certero a nivel municipal. ¿Fue
culpa de los ciudadanos y funcionarios de casillas? ¿O lo que presenciamos fue
una intervención de las instancias judiciales que fue, por decir lo menos,
insensible e indiferente ante la ciudadanía?
Con un presupuesto que en 2017 superó los 5 mil 200
millones de pesos y al menos 7 mil empleados en la administración central, el
Municipio de Monterrey es, digamos, la joya de la corona para cualquier
político que aspire a la Gubernatura de Nuevo León.
El desempeño bueno o malo en la alcaldía regiomontana
definirá el futuro político de cualquier alcalde, siendo el caso más reciente
el de Margarita Arellanes, la alcaldesa panista que prácticamente terminó su
carrera pública al concluir su gestión entre cuestionamientos.
Así que la apuesta por ganar Monterrey se elevó al
doble: al riesgo que se deriva de una posible mala gestión municipal se agrega ahora el
enojo de los regiomontanos por la anulación de sus votos y la repetición de la
jornada electoral.
Duele a los regiomontanos que se hallan perdido los millones de pesos gastados en organizar la elección ordinaria, además del
dineral que se va a gastar en la extraordinaria (alrededor de 50 millones de
pesos, según la Comisión Estatal Electoral): ¿no se pudo aprovechar mejor ese
dinero para, por ejemplo, tapar de una vez todos los baches de las calles y
avenidas regiomontanas?
Cada diciembre llegan también, adicionalmente, las
campañas antialcohólicas que los municipios de Monterrey y la zona
metropolitana implementan para, según ellos, evitar accidentes y tragedias a
los conductores, si bien los ciudadanos las perciben, con justa razón, como una
fuente de extorsiones y mordidas, un verdadero asalto a campo abierto.
Si juntamos lo electoral, las antialcohólicas, los
aumentos desmedidos que proyecta el Gobierno estatal en el pago de derechos a los
automovilistas y los incrementos que vienen al impuesto predial municipal tendremos
una tormenta perfecta: el grito de “¡Feliz Navidad!” se ahogará en los bolsillos
de los regiomontanos.
De veras, ¿ésta es la mejor ciudad que podemos tener?
¿Ni siquiera una elección municipal es creíble? La respuesta estará en las
urnas el 23 de diciembre, pero ¿quién va a andar pensando en elecciones en vísperas
de Nochebuena?
Sí, hay mucho enojo en Monterrey, ¿no lo perciben los
políticos?
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