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| Fuente: Google.com |
Por Rogelio Ríos Herrán
A invitación de la organización nuevoleonesa PRO Propuesta
Ciudadana, asistí el 22 de Julio, junto a representantes de organismos
sociales, ciudadanos que iban por su cuenta, abogados y medios de comunicación,
a participar en una mesa de debate sobre el tema de si el Juez de Control Miguel
Ángel Eufrasio Rodríguez violó o no un amparo al ordenar la medida cautelar de
encarcelar en enero pasado al ex Gobernador Rodrigo Medina (quien estuvo internado en el Penal de Topo Chico solamente por unas horas),
acto por el cual ha sido vinculado a proceso.
El evento resultó muy interesante porque al contar
con la presencia de varios abogados y académicos de excelente nivel, la
discusión fue de altos vuelos y arrojó elementos muy útiles de comprensión para
los no abogados (entre los que me contaba) sobre las repercusiones de lo
discutido.
Primero que nada, hubo consenso general en que el caso
del Juez Rodríguez tiene relevancia nacional, no se reduce solamente al ámbito
de Nuevo León. Su resolución enviará un mensaje poderoso al resto del país
sobre los riesgos y presiones a los que se someten los jueces que deben
resolver sobre casos de posible corrupción de ex Gobernadores o funcionarios de
gran peso político, es decir, de juzgadores que se enfrentan directamente a los
poderes establecidos.
En el contexto de gran descomposición social y
política en que vive México, los ciudadanos ven con ansiedad el riesgo de que
casos como el del Juez Rodríguez -y en general el combate a la corrupción- se
estrellen en esa barrera de intereses políticos y económicos creados entre los
poderes de la Unión que impide llamar a cuentas a los funcionarios corruptos y
permite que persista la impunidad.
Varias interrogantes estuvieron sobre la mesa: ¿Son
libres los jueces para ejercer a plenitud sus facultades o se encuentran
restringidos por el poder político? ¿Puede un juez aplicar la ley sin importar
los apellidos de los acusados o hay límites que no debe rebasar? ¿Tenemos a los
mejores y más aptos jueces y magistrados en funciones o hay muchos
nombramientos que no se hacen por méritos, sino por palancas?
Las cuestiones legales en torno al caso del Juez
Rodríguez son muy complejas y técnicas para el ciudadano de la calle. La
opinión pública merece por tanto que le sean explicados los pormenores del caso
de una manera clara, accesible y concisa, a fin de disponer del mayor número posible
de elementos para una mejor comprensión de lo que está en juego.
Es necesario además que las inquietudes presentadas en
el foro se transformen en propuestas concretas (por ejemplo, sobre reformas a
determinados artículos de la ley de amparo o sobre la selección más rigurosa de
jueces y magistrados) que puedan ser impulsadas en Nuevo León mediante su
presentación o seguimiento en el Congreso del Estado a las iniciativas ya
presentadas, según comentó la moderadora Verónica Sada, de PRO.
En conclusión, los miembros de Propuesta Ciudadana y
las personas y organizaciones convocadas concordaron en que el proceso al Juez
Rodríguez debe realizarse conforme a derecho y con respeto total al debido
proceso, sin consideraciones políticas ni criterios ajenos a lo estrictamente
legal.
Para los ciudadanos es fundamental que se deslinde la
probable responsabilidad del Juez Rodríguez y se le sancione o que se concluya que
su actuación fue la correcta y no incurrió en delito y se le exonere, pero sin
la menor sospecha de que su caso esté sujeto a consideraciones extralegales. Es
decir, que haya un buen Juez para el Juez Rodríguez.
La lucha contra la corrupción en Nuevo León y en todo
México pende de un hilo en este momento histórico en que el Juez Rodríguez está
vinculado a proceso y la ciudadanía estará al pendiente de que en su caso y en
los que se presenten de ahora en adelante, se respete la justicia (sin
apellidos) al aplicar el derecho.
rogelio.rios60@gmail.com
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