Por Rogelio Ríos Herrán
Entretenidas las tribus aztecas con las elecciones de Coahuila y Edomex, además de las peripecias de la sucesión presidencial, se les pasó desapercibida lo que yo considero una nota fundamental para el 2024.
La titular de la Oficina del Representante de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai, solicitó formalmente el 2 de junio la apertura de consultas sobre la prohibición del presidente López Obrador de importar maíz transgénico para consumo humano desde Estados Unidos, establecida en un decreto de septiembre de 2020 y refrendada en otro decreto de febrero de este año.
“Estados Unidos ha establecido repetidamente su preocupación de que las políticas biotecnológicas de México no se basan en la ciencia y amenazan con interrumpir las exportaciones estadounidenses a México”, expresó Tai en declaraciones recogidas por el periódico El Norte.
En el año 2022, el valor de esas exportaciones alcanzó la cifra récord de 4 mil 920 millones de dólares, en una proporción de 90 por ciento de maíz transgénico para forraje y el 10 por ciento restante para consumo humano.
Tai y su gobierno consideran que los decretos que restringen la importación de grano transgénico a México son violatorios del marco del TMEC, específicamente del capítulo 2 (acceso al mercado) y 9 (regulaciones fitosanitarias).
La Sra. Tai es una funcionaria eficiente, dura negociadora, conocedora a fondo de las cuestiones comerciales y defensora a ultranza del interés nacional de su país.
A ella le ha tocado sentarse a la mesa de negociaciones con dos equipos de la Secretaría de Economía mexicana: el anterior de Tatiana Clouthier y el actual de Raquel Buenrostro.
A pesar de las largas e intensas negociaciones entre la Sra. Tai y los equipos mexicanos, la cuestión de las trabas del gobierno mexicano a la entrada de maíz transgénico a México, expresadas en dos decretos presidenciales, no ha sido resuelta.
El gobierno americano le pide a su contraparte mexicana que fundamente de manera científica su oposición al maíz transgénico. Los funcionarios mexicanos, puestos entre la espada y la pared, no pueden traducir en lenguaje científico las obsesiones y prejuicios del presidente López Obrador en torno al maíz transgénico.
Buenrostro, la actual Secretaria de Economía, por ejemplo, comentó en febrero que “el diferendo de Estados Unidos sobre el decreto que regula el maíz transgénico carece de fundamentos comerciales. Su motivación en realidad es política.”
El Gobierno de Canadá anunció también que se suma a la preocupación de los estadounidenses por la postura del gobierno mexicano, al expresar que “Canadá comparte la preocupación de Estados Unidos de que las medidas de México no están respaldadas científicamente y pueden perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano”, según un comunicado emitido el 9 de junio por Marie-Claude Bibeau (Ministra de Agricultura) y Mary Ng (Ministra de Comercio Internacional).
Además de maíz, los canadienses exportan sobre todo canola transgénica al mercado mexicano. ¿Le dirá también la Secretaria Buenrostro a los canadienses que su motivación es política?
Si las consultas formales no prosperan en 75 días con los vecinos del norte, el siguiente paso es la instalación de paneles de disputa comercial cuya decisión será inapelable.
De perder las disputas, México enfrentaría la imposición de aranceles a sus exportaciones agrícolas. La decisión final se daría en aproximadamente seis meses, a inicio del 2024, en plena efervescencia electoral en nuestro país.
Eso no es todo. Si a las disputas por el maíz transgénico se agrega otra disputa comercial más por el sector energético y las afectaciones comerciales reclamadas por Estados Unidos y Canadá (solicitadas desde julio del 2022), el gobierno mexicano estaría pagando, antes de las elecciones del 2024, la enorme factura comercial por las decisiones tomadas por el presidente López Obrador que resultan contrarias al marco del TMEC.
No hablamos solamente de disputas comerciales y aranceles por miles de millones de dólares. Es algo más que eso.
En el fondo, se trata de una cuestión básica: ¿respetará o no el gobierno mexicano las reglas y el espíritu del TMEC? ¿Desea el presidente López Obrador o no permanecer en el mercado común con Estados Unidos y Canadá?
Si México quiere seguir en el TMEC, ¿por qué su gobierno envía las señales equivocadas a sus socios comerciales?
@rogeliux
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