Por Rogelio Ríos Herrán
No salía yo del asombro ante la declaración de Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Seguridad Pública de México, en plena Casa Blanca y ante las máximas autoridades de procuración de justicia de Estados Unidos, el jueves 13 de abril, sobre que “en México no se produce fentanilo”, cuando mi asombro fue mayor ante la respuesta estadounidense al día siguiente.
El viernes 14 de abril llegó la contestación contundente del Gobierno del presidente Biden: varias acusaciones presentadas ante tres cortes federales de Estados Unidos dirigidas a las cabezas visibles del Cártel de Sinaloa (los hermanos Ovidio, Iván Archivaldo, Joaquín y Jesús Alfredo, hijos de “El Chapo” Guzmán y conocidos como “Los Chapitos”), con sustento en una amplia investigación de la DEA (Oficina de Administración de Drogas) en México, China y otros países, que pondrá al descubierto la red de tráfico de fentanilo y las complicidades entre narcotraficantes y autoridades civiles y militares en México.
Cómo no asombrarme: en los hechos, el anuncio del procurador Merrick Garland anula de un plumazo dos posturas públicas del gobierno de López Obrador, a saber, que “en México no se produce fentanilo” y la política de “abrazos, no balazos”, anulada por completo para dejarla como frase de uso en las “mañaneras” de AMLO. Fue un “Viernes negro” para la Cuarta Transformación.
No podía ser de otra manera. Una y otra vez, año tras año, los informes anuales de la DEA y del Departamento del Tesoro, así como los reportes a la comunidad de inteligencia elaborados en la Casa Blanca, señalaban el crecimiento desmesurado de las organizaciones criminales mexicanas en el tráfico de fentanilo, la trata de migrantes y en la inyección ilegal de miles de millones de dólares a las campañas electorales en México.
Toda paciencia tiene un límite y con los republicanos con mayoría en el Congreso estadounidense fue imposible para el presidente Biden sostener su posición -excesivamente cautelosa- ante las políticas del presidente López Obrador. De ahí proviene la dureza repentina de los funcionarios de procuración de justicia en sus anuncios del viernes 14 de abril.
Mi lectura de acontecimientos, sin embargo, va más allá: si el presidente Biden soltó la rienda al Fiscal General de Estados Unidos y a la DEA para combatir el tráfico de fentanilo ante la inactividad del gobierno de López Obrador, lo mismo hará soltando otra rienda: la de los paneles de arbitraje del TEMEC en materia de maíz transgénico y energías tradicionales y alternativas en contra del gobierno mexicano.
Los congresistas y senadores estadounidenses republicanos han pedido públicamente que se proceda de inmediato en contra del gobierno mexicano a través de los mecanismos del TMEC. No descarto, entonces, que en los próximos días escuchemos novedades en los temas comerciales mencionados.
Volvamos al fentanilo. El Fiscal Garland anunció la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán, el mismo que en 2019 fuera puesto en libertad por orden directa del presidente López Obrador en los sucesos del “Culiacanazo”. Tras su segunda detención en enero del 2023, se pospuso su extradición mediante trámites judiciales en México; ¿qué dirá ahora la Fiscalía de Gertz Manero?
Además, ¿qué papel jugará el Ejército mexicano en esta nueva operación a gran escala de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa?
Los militares mexicanos han seguido confiscando laboratorios de drogas, entre ellas el fentanilo, desde la llegada de este gobierno federal en 2018. Si bien en público no contradicen al presidente López Obrador, los funcionarios de la Secretaría de la Defensa aceptan en privado ante funcionarios estadounidenses (a quienes ha mostrado los laboratorios en recorridos por Sinaloa) que en México sí se produce fentanilo, según el diario The New York Times.
La contradicción es evidente y la postura de AMLO se vuelve insostenible en el fentanilo y los “abrazos”. Malas noticias para López Obrador cuando uno de sus mantras de gobierno (“abrazos, no balazos”) es anulado por la acción del gobierno estadounidense y, por coincidencia, en la parte final de su gestión presidencial en la que pierde poder incesantemente.
Para la campaña presidencial del 2024, ¿qué candidato podrá sostener en su sano juicio que seguirá adelante con los “abrazos” y que “no se produce fentanilo en México”?
Con diferentes estilos de liderazgo, cuando Trump y Biden se han decidido a adoptar posturas firmes ante el gobierno mexicano han obtenido lo que buscaban; ¿sucederá lo mismo en esta guerra abierta de la DEA contra el Cártel de Sinaloa? ¿”Doblarán” -otra vez- a las autoridades mexicanas?
Rogelio.rios60@gmail.com
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