Mano dura en México: ¿Otro 68?

La protesta social es una forma de afinar a la democracia y sus mecanismos políticos, jurídicos e institucionales, siempre perfectibles. Cabe en todo momento cuestionar y volver a cuestionar al universo de actores, procesos e instituciones políticas, pues su solidez se basa en la capacidad de adaptación al momento histórico en que se vive.
El cuestionamiento abarca, por supuesto, a quienes protestan: por qué lo hacen, qué medios emplean, qué costos se pagan por sus acciones. Podemos estar en desacuerdo con su forma de reclamar, jamás lo estaremos con su derecho a hacerlo. Hoy son de un color, mañana serán de otro.
La utilización de la fuerza pública para eliminar las protestas sociales es un signo del fracaso de la política, de la renuncia a la convivencia civil y de la extinción del espíritu democrático en los ciudadanos e instituciones de una comunidad.
La mano dura es un atentado a la democracia. Utilizarla como recurso de solución de un problema político es reconocer, tácitamente, que tanto el sistema como los actores políticos son incapaces de canalizar y resolver adecuadamente sus diferencias.
No sabemos, por lo menos públicamente, si hay alguna negociación política en curso para levantar los bloqueos en la Ciudad de México, con los cuales no estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿por qué apresurarse a pedir la aplicación de la fuerza del Estado hacia sus propios ciudadanos antes de negociar?
El espíritu democrático se degrada cuando la respuesta institucional a un conflicto social se manifiesta únicamente por las vías violentas.
Al Estado le corresponde hacer todo lo posible por agotar toda negociación y recurso para prevenir que los conflictos se desborden a las calles. De otra manera, a la magnitud del reclamo social deberá sumarse el saldo negativo que dejará en la vida política la respuesta de fuerza que entronice a la violencia, sea particular o pública, como la solución a los problemas políticos.
Cuando la arena política está polarizada y los ánimos caldeados, la obligación del Estado es la de retornar los conflictos al cauce institucional. Este deber es irrenunciable, pues constituye la razón misma de ser de la existencia de una sociedad que se da instituciones para sobrevivir y prosperar.
Incurrir en errores o negligencia en el cumplimiento de esa misión histórica del Estado democrático representará no sólo una responsabilidad social para sus ejecutores sino el deterioro de las instituciones políticas mexicanas.
El uso de la fuerza es la renuncia a la política. Si las cosas han llegado al punto en que parece inminente un enfrentamiento violento entre los manifestantes y la autoridad es que han fallado, tanto las autoridades como los líderes sociales, en el cumplimiento de sus obligaciones institucionales.
La fuerza del Estado debe dirigirse a los enemigos de las instituciones que se encuentran fuera del orden social.
Los enemigos del Estado, quienes buscan disminuirlo para controlarlo mejor, son el sinnúmero de organizaciones criminales e individuos para quienes la democracia es un estorbo a sus propósitos de máxima ganancia y absoluta impunidad.
Son ellos los que contemplan, mientras se frotan las manos, un país que se acerca peligrosamente al abismo de la violencia. Son ellos quienes celebrarían la extinción de la democracia mexicana.
¿Mano dura? No entre ciudadanos. No otro 68.

rogelio_riosherran@hotmail.com

Publicado en EL NORTE el 17 de Agosto de 2006