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| Fuente: Google.com |
Por Rogelio
Ríos Herrán
No dio
“certeza” alguna en Coahuila la actuación del Instituto Electoral Coahuilense
(IEC), por su lentitud e incapacidad de proporcionar resultados preliminares
confiables ni, mucho menos, informar de un resultado final que contradijo lo que
inicialmente señalaba el conteo preliminar: la ventaja de Guillermo Anaya
(candidato panista) sobre Miguel Riquelme (candidato priista).
Miguel
Riquelme (candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro que agrupa a PRI,
Partido Verde, Nueva Alianza, Partido Campesino Popular, Partido de la
Revolución Coahuilense, Partido Joven y el Socialdemócrata Independiente),
resultó ganador, según el IEC, por una diferencia de 2.44 por ciento de votos
sobre Guillermo Anaya (de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila
conformada por el PAN, Unidad Democrática de Coahuila, Partido Primero Coahuila
y Partido Encuentro Social): 482, 891 votos priistas contra 451, 032 votos
panistas.
Se viene un
conflicto electoral intenso, si se cumplen las intenciones del Frente por la
Dignidad de Coahuila (conformado por las candidatos del PAN, Morena, PT y dos
independientes): dar la batalla legal para anular la elección del 4 de junio;
llamar a movilizaciones de protesta en Saltillo; y, según propuesta de Armando
Guadiana (candidato de Morena), convocar a una alianza con el PAN para que los
panistas defiendan a Delfina Gómez (candidata de Morena en el Estado de México)
y los morenistas hagan lo propio con su defensa de Guillermo Anaya, el candidato
panista coahuilense, propuesta que no ha sido confirmada por Ricardo Anaya,
líder nacional panista.
El
posicionamiento del Frente es contundente: “Ningún ciudadano que crea en la
legalidad y la democracia puede reconocer el resultado del cómputo de votos de
un instituto electoral (IEC) que no hizo más que ser cómplice y ayudar al PRI
para lograr un robo más a los coahuilenses, su gran botín que es la gubernatura
del estado” (El Universal: “Opositores buscan anular los comicios”, 9 de junio
2017).
La cuestión
se complica todavía más para la coalición ganadora por la recomposición que se
prevé en el Congreso coahuilense. Aunque no hay todavía en este momento cifras
definitivas, el PRI podría perder la mayoría legislativa ante los partidos de
la coalición derrotada, una situación de voto dividido que sería inédita en
Coahuila (Vanguardia: “La 61 Legislatura en el estado podría ser la primera con
mayoría de diputados de partidos distintos al PRI”, 9 de junio 2017).
Hasta el
momento, según medios coahuilenses, por mayoría relativa habría al
menos seis diputados del PAN, tres de la Unidad Democrática de Coahuila y siete
del PRI, restando nueve curules (para un total de 25) a definirse por
representación proporcional.
Aun cuando
se confirme el triunfo de Riquelme y el Frente opositor no pudiera lograr la
anulación de las elecciones, nada alterará lo que sería un nuevo horizonte
coahuilense: el PRI pierde fuerza, aun si retiene la Gubernatura, ante la
evidencia de lo magro y cuestionado de su triunfo y de que la cerrada votación reflejó
que los coahuilenses apoyan un cambio de rumbo en la política estatal para
concluir la era de los Moreira, quienes dejarán un legado sumamente cuestionado
por los coahuilenses y el resto de México.
Una plaza
tan importante como la de Torreón, ciudad pujante en el comercio y la
industria, decidió por el voto de sus habitantes mantenerse para la coalición
opositora. Y si al arrancar la 61 Legislatura (en enero del 2018) se mantiene
la pérdida de la mayoría legislativa del PRI, Riquelme tendrá que enfrentar un
panorama político en donde, como punto de partida, debe considerar que los
coahuilenses han hablado y lo han hecho con claridad: no más corrupción, no más
complicidades y no más dinastías en la Gubernatura, ¿serán realmente escuchados?
rogelio.rios60@gmail.com
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