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| Fuente: Google Search. |
Por Rogelio Ríos
Herrán
Ni al más curtido
lector de noticias mexicano le pasó sin tocarlo, emocionalmente hablando, la
nota de que fueron encontrados algunos de los restos de los 43 normalistas
rurales guerrerenses, quienes afirma la Procuraduría General de la República que
fueron secuestrados, asesinados e incinerados en un basurero de la población de
Cocula, en Guerrero, y parte de sus restos dispersados en el Río San Juan.
Ese mismo lector
que ha visto de todo en las noticias: gente colgada en los puentes, cabezas
desprendidas de sus cuerpos y tiradas en las banquetas, personas
descuartizadas, niños verdugos y niños víctimas, etcétera, se resistía a creer
que los normalistas de Ayotzinapa fueran a tener el mismo final que los miles
de víctimas de la violencia en México: la muerte violenta, la desaparición
hasta de los restos, el desvanecimiento de personas que nunca son vueltas a ver.
Pero la noticia,
aunque previsible, llega como bofetada para todos los mexicanos: ya aparecieron
los normalistas, pero muertos y asesinados con crueldad.
Un hecho así nos
degrada a todos los mexicanos –sociedad y gobierno- a niveles a los que no
quisiéramos descender jamás, a una convivencia sin leyes ni normas en donde la
ambición de poder y riquezas de unos cuantos grupos dominantes no tiene freno
ni escrúpulo alguno, a un lugar en que la muerte indiscriminada y brutal es el
único horizonte de vida.
En proporciones
distintas, pero la misma tendencia se repite en todo México: las extorsiones y
amenazas; luego los secuestros y finalmente el asesinato o la desaparición de las
personas.
En la mayoría de los casos hay autoridades involucradas –por acción u
omisión- que dejan a los ciudadanos en total indefensión.
El problema no
queda enterrado en Guerrero con los restos de los normalistas rurales, ni sus
consecuencias conocen ya límites geográficos, como se puede constatar con la
amplia difusión del caso Ayotzinapa en redes sociales y en medios informativos
y entre autoridades de muchos países que han condenado el evento violento.
El problema de la
violencia llega hasta nuestra vidas de golpe, se conoce y se vive en Tijuana o en Monterrey tanto como en Iguala o Chilpancingo: los derechos humanos se
encuentran bajo constante ataque, las garantías individuales sólo existen en el
papel mientras no las defendamos, el valor de la vida y la dignidad de cada
persona es desdeñado y degradado con impunidad por las organizaciones
criminales y por la complicidad directa de autoridades, en muchos casos, o por
la omisión, en otros tantos.
Ahí, en ese
territorio de los derechos fundamentales, sin barreras ni condicionantes de
ideologías, sin reservas políticas, es donde yace la esencia de lo que es ser
humano y habitante de este mundo con derechos y obligaciones por el simple
hecho de ser una persona.
“El desconocimiento
y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, escribieron los redactores en
el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
“Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la dignidad y a la seguridad de su persona”
(artículo 3), agregaron. Todo ello tiene vigencia plena en la legislación
mexicana.
México tuvo una
participación activa y solidaria tanto en la elaboración de la Carta de San
Francisco (que crearía a la ONU en 1945) como en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos porque se creía entre muchos mexicanos de entonces en la
posibilidad de un mundo mejor después del horror de la Segunda Guerra Mundial.
Pero en 2104, ¿qué
decirle a los padres de los normalistas rurales asesinados? ¿Que todo fue en
vano para los mexicanos desde 1948? ¿Que tenemos derechos fundamentales a nivel
universal y consagrados en la Constitución mexicana, pero que no los podemos
hacer valer? ¿Que se resignen a ya no ver vivos jamás a sus hijos jóvenes?
La vida en México seguirá, por supuesto, el
país no se detiene ante los hechos violentos que ya parecen empezar a formar
una parte permanente de su panorama, y, por lo demás, vendrán otros sucesos y
noticias a desplazar a Ayotzinapa de la atención de la opinión pública.
Pero el problema de
fondo persiste en todo México y en todos los estratos sociales: ¿cuánto vale en
México nuestra vida y dignidad como personas? ¿Cómo ejerce un mexicano sus
derechos fundamentales: por la vía institucional o con un fusil en la mano?
¿Por qué tuvimos que llegar a este dilema?
rogelio.rios60@gmail.com
