jueves, mayo 22, 2025

MORENA: Visas y homicidios

Los funcionarios morenistas y sus colaboradores cercanos participan en gobiernos y son militantes de un partido político (MORENA) cuya piedra angular fue el acceso a financiamiento ilícito de campañas electorales, actos de gobierno y beneficios personales. 

Por Rogelio Ríos Herrán 

Dos de los temas más comentados en México en este momento, por su alto impacto mediático, tienen que ver con MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), el partido político en el poder en México, porque ponen en evidencia una de sus caras oscuras: la infiltración de la corrupción hasta el corazón del obradorismo. 

Los temas son aparentemente inconexos:  

Primero, el retiro de visas del Gobierno de Estados Unidos a gobernantes morenistas como al presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas (Jorge Alberto Granados, en abril) y a la Gobernadora de Baja California y su esposo (Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres, en mayo). 

Segundo, el asesinato de alto impacto de dos funcionarios morenistas del gobierno de la CDMX (Ximena Guzmán y José Muñoz) el día 20 de mayo. 

No voy a hablar de detalles ni hipótesis sobre esos dos acontecimientos, sino de lo que considero el problema de fondo que establece la conexión entre ellos. 

Lo voy a plantear de la siguiente manera: 

Los funcionarios morenistas y sus colaboradores cercanos participan en gobiernos y son militantes de un partido político (MORENA) cuya piedra angular fue el acceso a financiamiento ilícito de campañas electorales, actos de gobierno y beneficios personales.  

¿De dónde venía ese dinero? Se ha documentado periodística y judicialmente que una parte de ese dinero provenía de recursos públicos, por ejemplo, del mismo presupuesto de sus entidades gobernadas mediante “aportaciones voluntarias” de los empleados públicos. 

Por ejemplo, el caso del municipio de Texcoco, Estado de México, a cuya presidenta municipal entre 2013-2015, Delfina Gómez (actual Gobernadora del Edomex), se le acusó de retener un 10 por ciento de los salarios de 550 empleados municipales como aportaciones “voluntarias” a Morena. Al final, el Tribunal Electoral Federal validó en 2022 la sanción monetaria del Instituto Nacional Electoral a MORENA, no a la persona de Delfina. 

No era esa la única fuente ni la más importante. Entonces, ¿de dónde venía el dinero? 

La respuesta oficial a esa pregunta sigue abierta en México, pero en Estados Unidos diferentes autoridades, como los Departamentos del Tesoro y el de Justicia han señalado en informes que en las campañas de elecciones generales en México se ha inyectado una cantidad de dinero provenientes del crimen organizado (“miles de millones de dólares”) en beneficio de los candidatos morenistas. 

En vista de lo anterior, es lícito plantear algunas interrogantes: 

¿Qué dejan en el camino al poder los gobernantes de MORENA? 

¿Con quienes se aliaron para despejar la ruta a la captura del poder y, una vez ahí instalados, retenerlo lo más que se pueda? 

¿Qué compromisos hicieron con empresarios, grandes donantes y el crimen organizado? 

Una vez en el ejercicio del poder, ha llegado la hora para los morenistas (como antes llegó para los priistas y panistas) de pagar los apoyos y cumplir los pactos. 

A lo largo del camino hacia el poder, los aspirantes morenistas llevaron consigo a sus colaboradores, los más leales e incondicionales, para que ocuparan los cargos de mayor confianza. 

Tal vez no estaban esos colaboradores leales plenamente conscientes de las consecuencias de su lealtad política absoluta a sus líderes dispuestos, por otra parte, a hacer cualquier cosa, literalmente, con tal de llegar al poder. 

Seguramente, esos colaboradores de toda la vida tenían una motivación genuina, integridad personal a toda prueba y el aliento político de impulsar el cambio político en el país y aportar sus granos de arena para hacer la diferencia. 

Lo que no sabían era que trabajaban para líderes deshonestos, fundadores y militantes de un partido político (MORENA) cuyo motor es una forma de corrupción nociva: el financiamiento ilícito de campañas electorales. 

Las paradojas de quienes trabajan para gobernantes corruptos las planteo en los siguientes términos: 

+ Yo colaboro con Fulanito o Menganita por la transformación de México, pero lo que estoy haciendo, en realidad, es colaborar para el avance de la corrupción en mi país. 

+ Yo trabajo para el Señor X o la Señora Y porque soy de izquierda, soy progresista, y busco acabar con el antiguo régimen político corrupto y autoritario, pero, en los hechos, estoy trabajando para la creación de un nuevo régimen corrupto y autoritario. 

+ Yo aporto el esfuerzo y mi persona por una causa que considero justa, pero mi integridad personal, mi vida misma, dependen ahora de la culpa y deshonestidad de la persona a la que entregué de buena fe mi lealtad absoluta. 

El retiro de las visas estadounidenses a varios gobernantes y los asesinatos de alto perfil de alcaldes y candidatos en el país y de funcionarios de la CDMX, todos ellos morenistas, son los efectos de una causa profunda: el financiamiento ilícito de Morena y los compromisos adquiridos por sus gobernantes. 

La cancelación de las visas estadounidenses es una medida de presión externa, pues viene del gobierno de los Estados Unidos y es una acción soberana y legítima de ellos. 

Los ataques a gobernantes morenistas y a sus colaboradores son una medida de presión interna, violenta, ilegal y condenable de quienes sienten que sus acuerdos o pactos con gobernantes no se cumplieron o fueron agraviados por ellos. 

No es “dime con quién andas y te diré quién eres”, sino “dime con quién trabajas y te diré qué te puede pasar”. 

Como ciudadano preocupado por la situación de México, me pregunto: ¿Hasta dónde llega la corrupción de MORENA? 

¿Se perdió MORENA para siempre al dejar a la vera del camino del ascenso al poder su idealismo y honestidad y alcanzar la cumbre con las manos manchadas de lodo y sangre? 

¿Qué culpa tienen los seguidores y colaboradores cercanos que pagan con sus vidas las fallas de sus líderes? 

*Con asistencia del motor de Inteligencia Artificial Copilot/Microsoft para búsquedas documentales. 

FIN 

DEFINICIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA: 

La violencia política se puede definir como el uso deliberado de la fuerza o de otros mecanismos coercitivos con fines políticos. Este concepto implica la realización de actos violentos—ya sean físicos, simbólicos o estructurales—destinados a alterar el equilibrio de poder o a transformar el orden establecido. Se manifiesta tanto en las acciones de actores estatales, por ejemplo, mediante métodos represivos, como en las de grupos o actores no estatales que intentan derribar o subvertir dicho orden. En definitiva, es un fenómeno complejo y multidimensional que se inserta en contextos históricos y sociales específicos, lo que implica que su definición y sus manifestaciones pueden variar según el entorno en el que se analice.  

FUENTE: Asistente de Inteligencia Artificial Copilot/ Microsoft, consulta el día. 21/05/2025 

 

viernes, mayo 16, 2025

La batalla del 1 de junio

Cuando veo las caras de la experiencia acumulada tras años de trabajo, estudio y preparación, de hacer méritos y entregar resultados, me convenzo de que por ningún motivo debe la ciudadanía perder esa sapiencia acumulada en los juzgadores. 

Por Rogelio Ríos Herrán 

La batalla del experto versus el neófito es el tema central en la elección del día 1 de junio, no la de si se avala o no al gobierno morenista por el acto de acudir a votar. 

Una conclusión tan poderosa me sacudió. Me explico. 

Tuve la oportunidad de participar, invitado por un grupo de amigos que desayunamos, comemos y cenamos política, el 15 de mayo por la noche en un encuentro informal con candidatos a puestos federales diversos en el Poder Judicial en la elección del día 1 de junio. 

La experiencia fue sumamente interesante. No todos los días se encuentra uno enfrente de un grupo de personas con carrera judicial, académica o como litigantes que conocen a fondo, porque lo han vivido, lo que significa “hacer carrera judicial”. 

Cuando veo las caras de la experiencia acumulada tras años de trabajo, estudio y preparación, de hacer méritos y entregar resultados, me convenzo de que por ningún motivo debe la ciudadanía perder esa sapiencia acumulada en los juzgadores. 

Todos y cada uno de ellos nos explicaron a los ciudadanos presentes sus motivos para enlistarse como candidatos en una elección que, desde nuestra perspectiva y se los hicimos saber, calificamos como “farsa”, “fraude” o “simulación” del partido en el gobierno. 

Ante nuestra andanada crítica en contra de votar, bajo reglas confusas y un procedimiento electoral complicado, por no hablar de las múltiples boletas que deberá revisar cada ciudadano en las urnas, las respuestas de los candidatos giraron en torno a los siguientes puntos: 

+ La Reforma al Poder Judicial” fue aprobada en septiembre del año pasado y sus modificaciones legales son leyes y normas vigentes y aprobadas por el Poder Legislativo. Le guste o no a los ciudadanos, votar en México es tanto un derecho como una obligación; por el contrario, no ir a votar implica faltar a una obligación ciudadana. 

+ La elección de una parte del Poder Judicial el 1 de junio será válida no importa qué porcentaje del electorado acudió a votar ni si un candidato es electo con un par de votos. No se podrá impugnar un resultado sobre la base de un escaso porcentaje de participación o de votos. 

+ El costo de no ir a votar por parte de los ciudadanos se elevará exponencialmente porque una cosa sí es segura: el partido en el gobierno movilizará sus militantes para que acudan a votar a placer en el terreno libre dejado por los opositores y críticos de esta elección. 

+ La motivación de los candidatos con los que platicamos tiene un factor en común: con base en su experiencia, conocimientos y trayectoria profesional, están horrorizados con la idea de que un neófito en Derecho, sin carrera judicial ni experiencia como litigante ocupe las plazas que requieren, como las de jueces y magistrados, un alto grado de especialización y experiencia. 

+No consideran los candidatos, por tanto, ser incongruentes con lo que piensan teóricamente sobre los cambios en el Poder Judicial de la última reforma y, por otro lado, aceptar la realidad política y presentarse a dar la batalla contra los neófitos desde el bando de los expertos. 

+Tanto en las áreas del derecho penal, civil y familiar como en el mercantil, las consecuencias de lo que está en juego sobre los cambios en el Poder Judicial se empezarán a sentir gradualmente en nuestro entorno inmediato. 

+Desde un divorcio o litigio sobre la custodia de los hijos o hasta la privación de la libertad o la pérdida de la propiedad, nadie en su sano juicio quisiera ver que esas decisiones cruciales para nuestras vidas estén en manos de un neófito en lugar de un experto.    

+ “¡Cómo no fui a votar!”, podría ser en el futuro un lamento general entre los ciudadanos agraviados por la llegada de gente inexperta al Poder Judicial. Demasiado tarde será para lamentos. 

Estos son en una nuez los argumentos y razones de peso que escuché de parte de los candidatos, cuyas motivaciones me parecieron sinceras y genuinas, pues ellos están luchando por su futuro profesional. 

No sé a los demás asistentes a la reunión, pero a mí me movió el tapete, como se dice coloquialmente, de mis certidumbres sobre las razones para no ir a votar. Me pusieron a pensar los expertos. 

Doy las gracias a los candidatos asistentes a la reunión de amigos: 

MARÍA DEL ROBLE GRAJALES FLORES, candidata a Magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Distrito Judicial. 

AÍDA ARACELI REYES REYES, candidata a Magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del Primer Distrito Judicial. 

FÉLIX GUADALUPE CONTRERAS ARGUIRÓPULOS, candidato a Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral del Tercer Distrito Judicial. 

ALICIA IBARRA TAMEZ, candidata a Magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Tercer Distrito Judicial. 

JOSÉ ANTONIO GARZA LÓPEZ, candidato a Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Segundo Distrito Judicial. 

 

 

 

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