Por Rogelio Ríos Herrán
Para situar en un mejor contexto los problemas de acusaciones de corrupción y posibles ligas con el narcotráfico que enfrenta el presidente López Obrador, es preciso recordar que la mejor forma de obligar a un gobernante mexicano a rendir cuentas es la observación internacional de su gestión y la investigación periodística independiente sobre su gobierno.
Lo que no hacen ni la Fiscalía General de la Nación, diputados y senadores en la supervisión del gobierno de AMLO y su entorno familiar (hijos y hermanos), lo realizan organizaciones como Transparencia Internacional y los formidables reportajes de investigación recientes de Anabel Hernández, Tim Golden y Steven Dudley, sobre el posible involucramiento del presidente López Obrador con nada menos que el Cártel de Sinaloa.
Me enfocaré en esta ocasión a uno de los contrapesos internacionales: el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC edición 2022) que elabora la organización Transparencia Internacional, cuyo capítulo en nuestro país, Transparencia Mexicana (www.tm.org.mx), dio a conocer a la opinión pública el 31 de enero.
En un país estancado, por decir lo menos, en la lucha anticorrupción y con un presidente que consideraba a los fondos ilícitos de sus anteriores campañas electorales no como corrupción, sino como “contribuciones” de ciudadanos a su causa política y social, no es de extrañar que la opinión pública mexicana sea muy receptiva a revelaciones sobre la corrupción de sus políticos, pero poco reactiva.
Inexplicablemente, no es sólo que los mexicanos gusten de las revelaciones periodísticas, sino que después de las informaciones en las que se cuestiona directamente la integridad de Andrés Manuel López Obrador, no pase nada: el presidente no renuncia, por ejemplo, para ponerse a disposición de una investigación del Fiscal de la Nación y de las comisiones investigadoras de diputados y senadores. En Dinamarca ya hubiera caído el gobierno.
La corrupción parece tan normal en México que su revelación no provoca terremotos. En el IPC, México mantuvo sus 31 puntos por tercer año consecutivo (de 100 puntos posibles, la mejor calificación).
Esa misma calificación (31 puntos) la obtuvieron Bolivia, Laos y Uzbekistán. Por si le interesa el dato, Dinamarca fue el país mejor evaluado con 90 puntos (¡59 puntos por encima de México!), por lo que pasarían décadas para poder alcanzarla, igual que a su sistema de salud pública.
La rigurosa observación internacional que da lugar al IPC está fuera de ideologías o motivaciones políticas: “este instrumento”, nos dice Transparencia Mexicana, “registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.”
En lugar de perder el tiempo vociferando en contra de Transparencia Internacional y los periodistas de investigación, bien podría el gobierno de López Obrador reconocer que perdió la batalla contra la corrupción en este sexenio, si es que en verdad estuvo dispuesto a combatirla.
Las observaciones de Transparencia Mexicana son indispensables para considerarlas en cualquier plataforma electoral, les comparto algunas:
“Dado que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país, México puede aprovechar su potencial y orientarlo a la sanción de grandes casos de corrupción que han lastimado al país”.
“Es especialmente delicada la situación de las autoridades mexicanas en casos de corrupción trasnacional: mientras que otros países sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales no avanzan en esos temas”.
“México tiene una tarea pendiente en la recuperación de activos desviados: es una oportunidad para cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad.”
“Además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, México debe dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados.”
“El uso de la anticorrupción con fines político-electorales sigue siendo uno de los mayores riesgos para el trabajo de instituciones anti-lavado de dinero o de procuración de justicia. La anhelada autonomía constitucional de la Fiscalía General no puede ser pretexto para el abuso de poder.”
Una de las razones por las que México sigue estancado en la percepción internacional de la corrupción, apunta Transparencia Mexicana, “es la ausencia de sentencias firmes en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en Pemex o de Segalmex”, pues suscitan dudas “sobre la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio”.
La triste realidad para López Obrador es que su gobierno está ubicado en el tercio más bajo del IPC de Transparencia Internacional, entre países como Bolivia que se perciben como de los más corruptos entre las 180 naciones encuestadas.
Ninguna conferencia mañanera en Palacio Nacional podrá cambiar la percepción de que la “Cuarta Transformación” perdió la batalla contra la corrupción, su gran bandera electoral en 2018, que ahora será usada en su contra en las elecciones generales de este año.
Desde la “Renovación Moral de la Sociedad” (Miguel de Lamadrid) hasta “no somos iguales (AMLO), la corrupción en México sigue como Johnny Walker: caminando tan campante.
