Andar sin fe en la política

A quienes no los mueve la necesidad de cultivar la fe, sino el materialismo simple y llano que se logra mediante el poder y el dinero obtenidos a costa de medios ilícitos, les da igual tener tal o cual tipo de sociedad y éste u otro modelo de gobierno en tanto ellos sigan medrando en la injusticia.

Por Rogelio Ríos Herrán

De la mano de la pérdida de la fe en la vida y en Dios (como quiera que usted lo conciba) va la destrucción de la fe en la política como modelo e instrumento de construcción de las sociedades e instituciones, particularmente el modelo de la democracia liberal y sus valores.

Vivir sin convicciones personales, estar vacío de principios morales, no tener la menor empatía por el prójimo, en fin, andar el camino de la vida sin escrúpulos ni ética del trabajo, es el perfil que yo veo en muchas personas de mi comunidad (ciudadanos y gobernantes) hasta el punto de pensar que son la mayoría.

No son personas que aspiran a la trascendencia de un legado familiar fundado sobre el buen nombre y la digna reputación y, cuando logran trascender, lo hacen por el tamaño de sus abusos, delitos y avaricia.

A quienes no los mueve la necesidad de cultivar la fe, sino el materialismo simple y llano que se logra mediante el poder y el dinero obtenidos a costa de medios ilícitos les da igual tener tal o cual tipo de sociedad y éste u otro modelo de gobierno en tanto ellos sigan medrando en la injusticia.

Me refiero a la fe no sólo como la convicción religiosa que llena el vacío espiritual, sino también como la firme creencia de que con el apego a los valores políticos fundamentales (la tolerancia, la libertad, el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas) se logrará el bienestar de todos, no nada más de una reducida élite política y económica.

Si en la arena pública mexicana y en los asuntos de gobierno está ausente la fe en las posibilidades de la acción política honesta y respetuosa de la ley y el interés público, será quizá porque quienes participan en ella (ciudadanos y gobernantes) carecen ellos mismos de fe en la política.

Nadie puede proyectar con sinceridad y convencimiento en los asuntos públicos aquello de lo que carece en lo personal: la falta de una luz interna que lo guíe por los oscuros y accidentados caminos de la existencia en un mundo azaroso y lo haga salir bien librado.

“¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?”, preguntaba Jesucristo a sus discípulos, lo cual me parece una parábola que ilustra uno de los motivos -quizá el fundamental- de la destrucción de la vida pública por la muerte del idealismo y la corrupción sin medida en los gobiernos mexicanos de todos signos y colores.

¿Acaso puede, pregunto yo, un padre o hermano sin fe en la política inculcar a su hijo o hermano la fe en la democracia y los valores liberales en oposición a las tendencias autoritarias y a la corrupción que sufren las administraciones públicas?

Yo no soy nativo digital, pero no comparto del todo la idea de que son la era de internet, las redes sociales y la inteligencia artificial los causantes del vacío espiritual y la pérdida de fe de las personas ante la vida y la política.

Cada cambio de tecnología en la historia de la humanidad ha provocado momentos de incertidumbre que trae el cambio rápido que empuja a una nueva era, pero a todo ello han resistido aquellas personas con firmeza espiritual, convicciones racionales y una reserva inquebrantable de fe en las posibilidades del hombre.

Es posible que, como todos los demás, yo diga también en ocasiones que estoy decepcionado de los políticos y los gobiernos, de su corrupción y estulticia, pero jamás diré que he perdido la fe en la política, mucho menos en la vida. 

A mis padres y al seno familiar debo la semilla de la fe que me sembraron, la cual, sin embargo, es preciso cultivar a lo largo de la vida: para exigir buenos gobernantes hay que ser primero mejores ciudadanos.

Terminaré con una cita del escritor español Javier Cercas que suscribo por completo:

“Yo me conformo con que los políticos cumplan las reglas que cumplimos los demás, como no robar y no engañar, ésta última, según Montaigne, la primera regla de la ética” (“El retorno de la ética” El País, 17/03/24).

FIN

9/11 en 2025

Cada 11 de septiembre rememoro ese día fatal a partir de mis propias experiencias y elevo una oración por las personas injustamente asesinadas ese día y por el golpe directo al corazón de la nación estadounidense por parte de un grupo de terroristas islámicos. Que nunca más se repita un 9/11.

Por Rogelio Ríos Herrán

¿En dónde estaba usted en la mañana del 11 de septiembre de 2001?

Van mis recuerdos.

1. Esa mañana, como lo hacía diariamente en esa época, salí de casa temprano a caminar a un parque cercano en compañía de mi perro husky “Billy”. Recuerdo una mañana fresca y plena de humedad en las ramas de los árboles y en el pasto de las veredas por donde paseábamos. Había llovido fuerte la noche anterior en Monterrey y el rocío descansaba por todas partes sobre las bancas, los automóviles estacionados afuera de las cocheras y en mi sudadera empapada. Al llegar a casa, Paty, mi esposa, me dijo que me asomara rápido a la televisión porque algo fuerte estaba sucediendo en Nueva York. Antes de meterme a la regadera, vi en la pantalla que en una de las Torres Gemelas del World Trade Center había un incendio en los pisos superiores, el humo salía por un boquete enorme y los locutores de CNN hablaban de que un avión de línea se había estrellado en el edificio, cosa que yo no podía creer, ¿un avión de pasajeros de American Airlines se estrelló en la torre? ¡imposible!, me decía. En el ángulo superior derecho de la pantalla apareció de repente la silueta de otro avión de pasajeros cruzando el Río Hudson y, dando la vuelta hacia el WTC a la altura de las Torres, se enfiló a la torre aledaña a la incendiada y se estrelló, así tan brutal como suena. Como si fuera una película de efectos especiales, el edificio engulló por completo al avión jet al abrirse otro boquete gigantesco. Grité a Paty para que se acercara a la televisión y abracé fuerte a mi perro.

2. El resto del día fue de sentir ansiedad intensa en el estómago y en la cabeza. Por la tarde, llegué más temprano que de costumbre al periódico El Norte en donde trabajaba como editor, a revisar la información, armar la página de la sección internacional para el día siguiente y a engancharme en la adrenalina que llenaba a todos los presentes en la sala de redacción del periódico. No era para menos: el espacio aéreo de Estados Unidos estaba cerrado totalmente a la aviación civil, los aviones en ruta fueron obligados a aterrizar en el aeropuerto más cercano, la Fuerza Aérea norteamericana escoltaba al avión presidencial Air Force One y patrullaba los cielos en busca de más aviones secuestrados por terroristas islámicos; la frontera entre México y Estados Unidos estuvo cerrada por completo al cruce de personas y vehículo durante varias horas del día y en el territorio estadounidense se declaró una emergencia nacional.

3. En los días de asueto por el "Thanksgiving Day" en Estados Unidos, en noviembre, apenas dos meses después del atentado terrorista en Nueva York, viajé con la familia a San Antonio, Texas. Entramos a una tienda Walmart en esa ciudad y pude observar que un hombre con turbante y barba, pero vestido a la usanza occidental, empezó a ser objeto de miradas, gritos y gestos agresivos de otras personas que le gritaban “¡regresa a tu país!”, ante lo cual dejó en un pasillo su carrito de compras sin pagar y salió apresuradamente de la tienda.  

4. Un año después, yo viajé a Washington -en octubre del 2002- como parte de un grupo de periodistas invitados por el Departamento de Estado de Estados Unidos a esa capital, un viaje de trabajo muy productivo. Durante mi estancia en la capital federal, en todo tiempo, día y noche, sobrevolaban a baja altura varios helicópteros militares, lo hacían sobre la ciudad y a lo largo del Río Potomac. De vez en cuando, el ruido inconfundible de los jets de guerra se escuchaba sobre la ciudad.

5. Sobre los mexicanos fallecidos el 9/11 en el World Trade Center, nunca se sabrá con exactitud la cifra real. Hay 16 víctimas identificadas únicamente, de las cuales solamente a cinco de ellos se identificó con pruebas de ADN para ser susceptibles de recibir las compensaciones otorgadas por el gobierno estadounidense (entre 1 y 1.5 millones de dólares). En muchos otros casos, los mexicanos desaparecidos en el lugar del atentado no fueron reportados por sus familiares a las autoridades por temor a sufrir represalias por su situación migratoria indocumentada. 

6. Con la perspectiva de los años transcurridos desde el 9/11, fue la pérdida de la privacidad y de las libertades civiles, en nombre de la defensa de la seguridad nacional, el impacto más visible en la vida pública de Estados Unidos. Ya nada volvió a ser en las vidas privadas como era antes del atentado terrorista, pues las razones de Estado se impusieron sobre la tradición norteamericana de la defensa de la libertad individual y, en particular, el derecho a la libre expresión.

Desde entonces, cada 11 de septiembre rememoro ese día fatal a partir de mis propias experiencias y elevo una oración por las personas injustamente asesinadas ese día y por el golpe directo al corazón de la nación estadounidense por parte de un grupo de terroristas islámicos.

Que nunca más se repita un 9/11.

FIN

Morena y la incertidumbre

¿Cómo puedo yo confiar en que las decisiones de Sheinbaum sean racionales y elaboradas con criterios profesionales y “conocimiento seguro”, no en el crudo cálculo político o el fanatismo ideológico?

Por Rogelio Ríos Herrán

No dejo de preguntarme, al observar la realidad política y económica de México, por qué seguimos viviendo los mexicanos en la incertidumbre que, en mayor o menor grado, han producido los gobiernos nacionales desde Luis Echeverría (1970-1976) a la fecha.

En el presente, ningún programa social ni obra de infraestructura de gran magnitud (y poca rentabilidad) del gobierno de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) implementadas desde 2018, han podido entregar la estabilidad necesaria para disminuir la incertidumbre en que viven los mexicanos y que frena el crecimiento de la nación.

La inestabilidad no es un problema exclusivo de los gobiernos de Morena, pues los gobiernos nacionales anteriores del PRI y PAN, ahora partidos de oposición, la han propiciado durante sus gestiones sexenales.

La aportación específica de inestabilidad, en el caso de Morena, es considerar a la incertidumbre como un costo que sus gobiernos están dispuestos a pagar, no a eliminar, en la persecución de su agenda política e ideológica.

¿Fue deliberado que, por ejemplo, el presidente López Obrador exhibiera un liderazgo caprichoso y sus decisiones se basaran en su criterio personal sin atender a los datos duros, la racionalidad científica ni a una estrategia de políticas públicas?

Esa forma de liderazgo emocional, carismático e intuitivo de López Obrador lo sigue conduciendo, en lo esencial, Claudia Sheinbaum al apoyar la persecución de objetivos políticos por encima de una conducción científica de la administración pública, es decir, a seguir recurriendo a la incertidumbre como forma de gobierno.

Lo que yo no comprendo es que Sheinbaum, si tiene una formación académica en el área de Ciencias Naturales y obtuvo un doctorado en ciencias en la UNAM, se conduzca en el gobierno nacional como si no tuviera una formación científica.

Ante la evidencia real y los datos duros sobre el estado complicado de la economía, la seguridad pública, la relación con Estados Unidos, la liquidación insensata del equilibrio de poderes y una larga lista de problemas nacionales, Sheinbaum no adopta un enfoque estratégico y profesional sobre la elaboración y aplicación de las políticas públicas, sino simplemente navega en la inercia administrativa y política heredada de su antecesor.

Por algo, la Real Academia Española define a la incertidumbre como “la falta de certidumbre o de conocimiento seguro sobre un evento, situación o resultado y se asocia con situaciones de fragilidad, peligro o extravío”, pues toca una fibra que cualquier mexicano reconoce en su ámbito personal.

Por más buena fe que, en mi caso, tengo para reconocer la necesidad de apoyar al gobierno nacional (con cualquier líder o partido político que estuviera en el poder) en situaciones críticas como las de este año duro de 2025 para México, ¿cómo puedo yo confiar en que las decisiones de Sheinbaum sean racionales y elaboradas con criterios profesionales y “conocimiento seguro”, no en el crudo cálculo político o el fanatismo ideológico?

El profesor José Luis Méndez (El Colegio de México), experto en el tema de políticas públicas, habla en uno de sus libros sobre el “enfoque hacia la orientación práctica” de las políticas públicas, bajo el cual el estudio de las políticas públicas debe resolver problemas sociales y no quedarse sólo en la reflexión teórica o epistemológica.

“El gobierno por políticas es un gobierno más a tono con una sociedad civil más diversificada. Esta orientación hacia la resolución de problemas particulares se concilia entonces mejor con la creciente fragmentación y particularidad de la realidad social que ha venido con la posmodernidad”, nos dice Méndez (en “Políticas Públicas. Enfoque estratégico para América Latina”. México: FCE, 2020).

No veo conexión o correspondencia entre la visión no científica de los gobiernos nacionales morenistas a partir del año 2018 y la compleja realidad mexicana con su “fragmentación y particularidad de la realidad social” señalada por el Dr. Méndez.

No, simplemente no hay manera de que la incertidumbre que vive el país se vaya a disipar si el gobierno de Sheinbaum no cambia su enfoque de liderazgo intuitivo y conferencias matutinas irrelevantes hacia uno de formulación científica de políticas públicas.

Ella no es AMLO, ¿pero ¿quién es ella?

¿Hasta cuándo aguanta México antes de que la incertidumbre sea irreversible?

FIN

 

Morena: ¿A quemar incienso?

La condición y los desafíos que enfrenta la numerosa población indígena en México requieren de sus gobernantes la mayor preparación académica, experiencia profesional y el apego a los valores republicanos y a la visión científica de la administración pública que sea posible acumular.

Por Rogelio Ríos Herrán

Tal vez desde el gobierno del presidente Álvaro Obregón (1920-1924), cuando bajo su impulso se dio el auge del renacimiento de la imagen del indígena mexicano en los libros de historia, las bellas artes y los murales pintados por Rivera, Orozco y los muralistas a invitación de José Vasconcelos, según consta en las crónicas sobre la época, yo no había percibido una manipulación tan intensa de los rituales indígenas como el pasado día 1 de septiembre.

Las imágenes de los rituales de purificación mediante la quema de incienso en vasijas en la pirámide de Cuicuilco (en CDMX), las invocaciones a deidades ancestrales y el discurso panfletero del “reconocimiento” de los pueblos indígenas de parte del gobierno y el partido de Morena superaron con creces al muralismo y la narrativa romántica de los antiguos libros de texto mexicanos.

Ver a los ministros de la Suprema Corte participar no tan entusiastamente, por ejemplo, en el caso de una horrorizada Yazmín Esquivel ante el aluvión de humo que se le venía encima, además de divertido, da mucho qué pensar.

Vivíamos hasta el 31 de agosto en un Estado laico, pero a partir del 1 de septiembre las invocaciones a deidades ancestrales, no al Dr. Ignacio Burgoa (eminente jurista), serán recurrentes en los juzgados mexicanos.

Cada vez que un conflicto jurídico escale a la instancia de la Suprema Corte, más le valdría a los abogados litigantes quemar incienso al ministro presidente, reverenciar a las deidades mixtecas, zapotecas o las que vengan al caso, para que las nubes del fuego sagrado soplen a favor de sus clientes.

Yo no hago escarnio de los pueblos indígenas, sus creencias y costumbres. Lo que no acepto es la mezcla de la dignidad de la etnia indígena con los asuntos de Estado bajo la forma de la burda manipulación política.

¿Qué pretende el ministro presidente de la Suprema Corte al recibir el “bastón de mando”, adornar su túnica con bordados indígenas e identificarse con un supuesto pasado indígena?

¿Cree el ministro oaxaqueño Hugo Aguilar que con el ritual indígena a las cinco de la mañana en la pirámide de Cuicuilco va a suplir (la suplencia de la queja, dicen los abogados) su notoria falta de formación y experiencia jurídica para la elevada tarea de presidir la Suprema Corte?

¿Qué tipo de criterios jurídicos podemos esperar de su parte al romper con sus rituales prehispánicos la imparcialidad ante la ley de los demás ciudadanos mexicanos?

Desde el anterior gobierno de López Obrador y en el actual de Claudia Sheinbaum, los indígenas mexicanos han seguido olvidados como siempre, excepto cuando al entonces presidente López Obrador se le ocurría darse una vuelta por territorio yaqui en Sonora a llenarlos de promesas incumplidas.

Hasta donde yo he visto, los pueblos indígenas siguen ocupando el triste lugar de comparsas de escenografía en el escenario teatral de la política mexicana, del cual se bajan una vez concluido el acto al que fueron requeridos y siguen después tan amolados como vinieron.

Por si hiciera falta, me permito recordar a los morenistas algunos datos (todos provenientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI) sobre los indígenas a los que han manipulado:

1. En el año 2022, la población indígena respondió en una encuesta que los cinco desafíos principales que enfrentaban eran: el desempleo (18.5%); la falta de recursos económicos para comer y vestir (16.9%); falta de atención médica (13.2%); falta de apoyo del gobierno en programas sociales (12.6%); discriminación por su apariencia (12.2%). Estos porcentajes suman 73.4% y el resto de los encuestados (26.6%) agregaron otros desafíos: falta de oportunidades para seguir estudiando, discriminación por hablar una lengua indígena y falta de respeto a sus costumbres y tradiciones.

2. En el año 2020, México contaba con la mayor población indígena (23.2 millones) en el Continente Americano, seguido por Guatemala (6.5 millones), Bolivia (5.6 millones), Estados Unidos (4.3 millones) y Perú (4 millones).

3. En el año 2020, dos de cada 10 personas de 3 años en adelante se consideraban parte de la población indígena.

4. En el país se hablan 68 lenguas indígenas, según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

5. En el año 2022, el 28% de la población indígena consideró haber sufrido discriminación en contraste con el 23.7% de la población total que consideró lo mismo.

6. Los estados en donde más se hablan las lenguas indígenas son Chiapas y Oaxaca con más de un millón de hablantes indígenas cada uno. El 25.2% en Chiapas y 22.4% en Oaxaca manifestaron que no sabían leer ni escribir.

La condición y los desafíos que enfrenta la numerosa población indígena en México requieren de sus gobernantes la mayor preparación académica, experiencia profesional y el apego a los valores republicanos y a la visión científica de la administración pública que sea posible acumular.

¿En qué abona, me pregunto, al mejoramiento de los indígenas el acarreo a la CDMX a participar en una ceremonia ritual en favor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Imaginemos por un momento cómo se percibió en el exterior de México esa extraña ceremonia en Cuicuilco en la que mezclaron, para fines propagandísticos, rituales antiguos con una institución contemporánea como la Suprema Corte.

El mensaje percibido es muy claro: ¿así pretenden jueces y ministros en México proporcionar certeza jurídica a los gobiernos y ciudadanos extranjeros? ¿Quemando incienso?

FIN

   

América Latina libre de armas nucleares

Las naciones de nuestra querida América Latina y el Caribe no deben ser puestas en riesgo de la amenaza o el uso de armas nucleares; por favor, no olvidemos la insensatez cubana de 1962.

Por Rogelio Ríos Herrán

Cuando se dio a conocer recientemente en los medios de comunicación el despliegue de un contingente de buques de guerra estadounidenses, entre ellos la participación de un submarino nuclear, en las aguas del Caribe y con relación a la situación política en Venezuela, recordé de inmediato al Tratado de Tlatelolco (1967), del cual México es parte signataria.

La simple presencia de misiles con cabezas nucleares, sean en barcos o submarinos, en la región caribeña, contradice el espíritu de dicho acuerdo cuya motivación fue evitar que los países de América Latina cayeran en la tentación de recurrir a la energía nuclear con fines militares.

Recordemos que en la época en la cual fue firmado el Tratado, la Guerra Fría estaba en su punto máximo y las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, buscaban ganar influencia y control en todo el mundo.

No hubiera sido difícil que, de no existir el Tratado, los rusos o estadounidenses hubieran encontrado terreno fértil en alguna de las dictaduras y gobiernos latinoamericanos: así sucedió en Cuba en 1962 cuando de manera insensata e irresponsable el régimen de Fidel Castro permitió la instalación de misiles rusos en territorio cubano y llevó al mundo al borde de una guerra nuclear durante la "Crisis de Octubre" de 1962.

No sé si en el Comando Sur o el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos tomaron en consideración, durante sus cálculos estratégicos de presión extrema al gobierno del dictador Maduro, el hecho de que el envío de buques y un submarino con armas nucleares al caribe contradice directamente a la letra y el espíritu del Acuerdo de Tlatelolco.

A 63 años de la "Crisis de Octubre" y a 58 años de la firma del Tratado de Tlatelolco, las armas nucleares vuelven a tener presencia en la región para solucionar una crisis coyuntural entre Venezuela y Estados Unidos.

Tan insensato e irresponsable es Nicolás Maduro como en su momento fue Fidel Castro y hará el dictador venezolano lo que sea por salvar su pellejo: si lo amenazan con armas nucleares, intentará nivelar la balanza recurriendo a China o Estados Unidos o quizá recurrirá al mercado negro de armas.

Me puede fallar la memoria, pero no recuerdo si en la crisis con Panamá, en 1989, que culminó con la captura del General Manuel Antonio Noriega (acusado de nexos con el narcotráfico, igual que Maduro) tras breves combates en la capital, las fuerzas armadas norteamericanas informaron que sus buques traían o no armas nucleares.

Parece fuera de proporción que el poderoso gobierno norteamericano amague a Venezuela con buques y submarinos que portan armamento nuclear, pero no sé las razones y factores que influyeron en el cálculo estratégico de Washington.

Por lo pronto, vale la pena recordar y tener presente las consideraciones expuestas en el texto del Tratado de Tlatelolco desde 1967 para excluir las armas nucleares de América Latina y el Caribe:

• La Resolución 1911 (año 1963) de la Asamblea General de las Naciones Unidas… estableció que las medidas que convenga acordar para la desnuclearización de América Latina y el Caribe deben tomarse “a la luz de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de los acuerdos regionales”.

• “El establecimiento de zonas militarmente desnuclearizadas está íntimamente vinculado al mantenimiento de la paz y la seguridad en las respectivas regiones.”

• "La situación privilegiada de los Estados signatarios, cuyos territorios se encuentran totalmente libres de armas nucleares, les impone el deber ineludible de preservar tal situación, tanto en beneficio propio como en bien de la humanidad.”

• “La existencia de armas nucleares en cualquier país de la América Latina y el Caribe lo convertiría en blanco de eventuales ataques nucleares y provocaría fatalmente en toda la región una ruinosa carrera de armamentos nucleares, que implicaría la injustificable desviación hacia fines bélicos de los limitados recursos necesarios para el desarrollo económico y social.”

• “Las zonas militarmente desnuclearizadas no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulterior el desarme general y completo.”

El diplomático mexicano Alfonso García Robles encabezó desde 1963 -apoyado por un equipo de juristas nacionales e internacionales- los esfuerzos latinoamericanos en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a favor de la limitación de las armas nucleares y el desarme nuclear total.

El Tratado de Tlatelolco fue fruto de esos esfuerzos y en 1982 García Robles recibió (junto con Alva Myrdal) el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor del desarme nuclear y el establecimiento de zonas libres de armas nucleares.

Las naciones de nuestra querida América Latina y el Caribe no deben ser puestas en riesgo de la amenaza o el uso de armas nucleares; por favor, no olvidemos la insensatez cubana de 1962.

Nicolás Maduro es un dictador insostenible y debe dejar el poder para no colocar en mayor riesgo al Caribe por la presencia de armas nucleares en buques de guerra.

Washington, por su parte, debe calibrar cuidadosamente el despliegue de sus fuerzas armadas en el Caribe y evitar en la medida de lo posible que porten armas nucleares con el fin de eludir accidentes o errores de cálculo.

Concluyo este escrito con las palabras del texto del Tratado que yo suscribo:

“Las armas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta e ineludiblemente tanto a las fuerzas militares como a la población civil, constituyen, por la persistencia de la radiactividad que generan, un atentado a la integridad de la especie humana y aún pueden tornar finalmente toda la Tierra inhabitable”.

Preservemos a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares.

FIN

 

El Senado daña la política exterior mexicana

La agresión de Fernández Noroña provocó la reacción de “Alito” y le dio la vuelta al mundo mediático, para deleite de los mexicanos que gozan con cada pleito entre políticos. Son reprobables. Lo que me preocupa es que los senadores se olvidaron de su papel en la revisión de la política exterior, especialmente desde el gobierno de López Obrador a la fecha

Por Rogelio Ríos Herrán

Mientras los mexicanos se entretienen con el altercado a golpes entre los senadores “Alito” (Alejandro Moreno) y Gerardo Fernández Noroña, yo veo con preocupación la degradación del nivel de deliberación en el cuerpo legislativo que, por mandato constitucional, tiene la facultad de revisar la conducción de la política exterior mexicana.

Al no cumplir con sus atribuciones constitucionales, los senadores mexicanos dañan gravemente la imagen de México en el exterior y su calificación en los índices internacionales de corrupción, deterioro democrático y contribución a la lucha contra el cambio climático, por mencionar algunos ejemplos.

La agresión de Fernández Noroña provocó la reacción de “Alito” y le dio la vuelta al mundo mediático, para deleite de los mexicanos que gozan con cada pleito entre políticos. Son reprobables.

Lo que me preocupa es que los senadores se olvidaron de su papel en la revisión de la política exterior, especialmente desde el gobierno de López Obrador a la fecha.

En la Constitución mexicana, el artículo 89 otorga al presidente la capacidad de “dirigir la política exterior”, pero, en contrapeso, el artículo 76 reserva para el Senado diversas funciones que inciden en la política exterior mexicana.

Recordemos esas funciones:

1. Con base en los informes anuales presentados por el presidente, el Senado debe revisar la política exterior para señalar errores y aciertos.

2. Corresponde al Senado aprobar los tratados y convenios que el presidente suscriba, además de proponer su modificación, denuncia, suspensión, enmienda, retiro de reservas o declaraciones interpretativas.

3. El Senado ratifica los nombramientos de embajadores, cónsules generales y empleados superiores del Servicio Exterior Mexicano, y en teoría debería ser un filtro riguroso que vigile la preparación, experiencia e idoneidad de los candidatos a cargos diplomáticos. Claramente, eso no sucede y se aprueban ciegamente candidatos cuestionados, como en el caso de Genaro Lozano.

4. Corresponde al Senado la aprobación del paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la permanencia de escuadras extranjeras en aguas nacionales por más de 30 días. Adicionalmente, tiene la autoridad para aprobar la salida de tropas mexicanas al extranjero.

Lejos de cumplir cabalmente con sus atribuciones constitucionales, los senadores mexicanos, especialmente durante las legislaturas con mayoría morenista de 2018 a la fecha, no han honrado sus obligaciones por desinterés o por criterios políticos.

Las atribuciones constitucionales convierten legalmente al Senado en un contrapeso importante frente al Ejecutivo en la conducción de la política exterior. 

Su papel no es meramente formal: implica deliberación, control político y responsabilidad histórica. En contextos de creciente interdependencia global, el Senado puede ser garantía de que en las decisiones internacionales tomadas por el presidente de la república se refleje el interés nacional y los valores constitucionales.

Fue una reforma constitucional en 1977 la que estableció la facultad senatorial de operar como cámara deliberativa de asuntos internacionales al revisar la política exterior del presidente en turno.

Históricamente, las facultades senatoriales han sido ejercidas con implicaciones trascendentales. En 1993, el Senado aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), marcando un viraje hacia la apertura comercial y la integración regional.

 

Décadas después, en 2019, el Senado ratificó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en un contexto de renegociación que puso sobre la mesa temas como los derechos laborales, la protección ambiental y los mecanismos de solución de controversias.

Estos momentos no sólo evidencian el peso institucional del Senado, sino también su capacidad de deliberar sobre el interés nacional en un entorno globalizado. 

La discusión parlamentaria permitió incorporar voces diversas, desde sectores productivos hasta organizaciones civiles, enriqueciendo el proceso y dotándolo de legitimidad.

Durante los dos últimos gobiernos morenistas, la función activa del Senado en política exterior, no exenta de fallas y momentos vergonzosos en la aprobación de nombramientos de algunos diplomáticos, se ha perdido por una pasividad inexplicable en la revisión de los asuntos internacionales de México.

Al abandonar sus atribuciones constitucionales, los senadores mexicanos dañan al país al dar por sentado, sin más, que las decisiones presidenciales en política exterior no se revisan ni debaten, sólo se aprueban “sin mover ni una coma”, como solía decir López Obrador.

No olvidemos que en tiempos donde la política exterior se enfrenta a desafíos globales complejos, el papel del Senado cobra renovada relevancia. 

Su facultad de aprobar tratados no solo implica revisar cláusulas jurídicas, sino también ponderar y debatir sobre el impacto ético, social y cultural de cada compromiso internacional desde la perspectiva de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.

El Comité de Relaciones Exteriores lo preside el morenista Alejandro Murat y los secretarios son: Sasil de León (Morena), Lilly Téllez (PAN), Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano), Karen Castrejón (Partido Verde) y Giovanna Bañuelos (Partido del Trabajo).

Otros miembros son políticos fogueados como Alejandro Moreno “Alito” y Manuel Añorve (PRI), Ignacio Mier (Morena), Lily Téllez y Francisco Ramírez Acuña (PAN).

Yo les pregunto: ¿Por qué no ejercen a fondo los senadores su facultad de revisar la política exterior mexicana que dirige el presidente Sheinbaum?

¿Por qué la condescendencia de los senadores morenistas ante Claudia?

Usted, ¿qué les preguntaría? Anímese:

relacionesexteriores@senado.gob.mx

Con apoyo de Microsoft Copilot, asistente de inteligencia artificial que contribuyó en la recopilación y análisis de información constitucional y diplomática.