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Carlos Urzúa, ex Secretario de Hacienda |
Por Rogelio Ríos Herrán
La salida de Carlos Urzúa del Gabinete presidencial marca el
retiro del último de sus funcionarios de tendencia moderada, por lo menos del
último a nivel de Secretarios de Estado.
Su retirada del equipo presidencial por la vía de la renuncia
deja prácticamente el camino libre a los radicales, quienes rodearán por
completo con su influencia al Presidente López Obrador.
En un momento en que los contrapesos al poder presidencial
provenían de adentro del gabinete, pues de afuera la oposición partidista es
muy débil o inexistente, la facción moderada pierde al mejor de sus guerreros,
a Carlos Urzúa.
Su renuncia presentada el 9 de julio pone el dedo en el
renglón: el Presidente López Obrador maneja mal a su equipo, no tolera los
puntos de vista contrarios y no delibera más que con él mismo las decisiones de
gobierno.
En lugar de mantener un buen equilibrio de puntos de vista
diferentes entre sus funcionarios, orilló a uno de ellos a la objeción de
conciencia que se presentó en la forma de una renuncia con argumentos concisos
y sólidos, sin vuelta de hoja: hay tráfico de influencias y conflictos de interés
en su gabinete, dos formas nocivas de corrupción.
El Presidente López Obrador, sin embargó, se negó a aceptar
los señalamientos de Urzúa y en la conferencia mañanera del 10 de julio
simplemente dijo:
“No hay conflicto de interés, no hay corrupción, es el punto
de vista de Carlos. No existe ninguna prueba, ningún hecho, no hay por qué
abrir una investigación”.
El campeón de la lucha contra la corrupción, la bandera que lo
llevó a ganar arrolladoramente en las urnas la elección presidencial, no dejó que
se investigaran las acusaciones sólidas de Carlos Urzúa, quien pone detrás de
ellas todo el peso de su autoridad moral y de su prestigio como funcionario
público.
A menos que el Congreso tome cartas en el asunto, lo cual es
altamente improbable, la denuncia de Urzúa no derivará, como debería ser, en
una investigación acuciosa del “personaje influyente” al que hace referencia en
su carta de renuncia.
La cruzada contra la corrupción del Presidente López Obrador,
entonces, tiene límites. Uno de ellos es el de no permitir una investigación en
torno a una denuncia pública presentada por un funcionario de alto nivel y de
reputación intachable.
Incluso si su denuncia no prospera, Carlos Urzúa ya le ganó la
primera batalla al Presidente López Obrador: la batalla de la credibilidad.
El Presidente no permite que se le investigue. Su celo
anticorrupción se aplica de su equipo hacia afuera. El Gran Inquisidor no puede
ser inquirido.
Peor aún, uno de los diferendos más fuertes con Urzúa se dio
en torno al borrador del Plan Nacional de Desarrollo:
“Carlos y yo tuvimos diferencias. Me presentó un plan de
desarrollo que para mí no reflejaba el cambio, como si lo hubiera hecho
Carstens o José Antonio Meade, tenemos concepciones distintas. Siempre
estuvimos en contra de la política neoliberal.”
Al final, según lo dijo él mismo, fue el propio López Obrador
quien redactó la versión final del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el
Congreso, sin importar los numerosos señalamientos de que no era un documento
que cubriera las formalidades de un plan de desarrollo.
Urzúa no es neoliberal, como lo acusan los radicales en el
Gobierno, para quienes todos los demás, menos ellos, lo son. Su preparación
académica, experiencia como funcionario y su edad y conocimiento de la vida
hubieran sido un valioso activo humano para el Presidente López Obrador, quien
no lo supo apreciar.
Pero no fue así, y salió del gobierno federal el último
moderado. Hay vía libre para los radicales, ¿hasta dónde llevarán a AMLO?
¿Hasta dónde quiere ir López Obrador escuchando nada más lo que él quiere?
Rogelio.rios60@gmail.com
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